Han pasado casi cuatro años desde la expedición de la Ley de Asociaciones Público Privada (APP) (Ley 1508 de enero de 2012), que incentivó las iniciativas privadas para desarrollar la infraestructura, y según el Registro de APP del DNP, al 31 de octubre del 2015 se han presentado 359 iniciativas privadas a nivel nacional, de las cuales 224 siguen en estudio, 180 son no han solicitado recursos públicos, y 3 ya han sido contratadas. Las APP son proyectos de largo plazo, hasta por 30 años, que contemplan el diseño, construcción, operación, mantenimiento y reversión de la infraestructura.

La ley definió varias etapas para la eventual firma de un contrato de APP: prefactibilidad, factibilidad y arreglo de condiciones, las cuales permiten a ambas partes –al sector privado y al Gobierno– avanzar en el mejor diseño posible del proyecto para ofrecer un servicio, revisar las tarifas y el plazo necesario para que el privado pueda obtener un retorno adecuado a su inversión, definir qué riesgos son retenidos por el Gobierno y cuáles son transferidos al privado. Este procedimiento tiene un objetivo, que los gobiernos cuenten con iniciativas privadas bien estructuradas, con proyectos maduros en lo técnico, legal y financiero.

Las APP de iniciativa privada suponen unas tarifas que pagarán los usuarios por el uso de la infraestructura y se convierten en la fuente principal de financiación del proyecto, por lo tanto son una alternativa para el desarrollo de la infraestructura cuando no se cuenta con los recursos públicos necesarios para desarrollar los proyectos deseados.

Revisar el caso de Lima (Perú) en materia de infraestructura (3 años atrás) es una comparación muy interesante para nuestro caso de Bogotá. En Lima, la alcaldesa Susana Villarán gobernó la ciudad entre enero del 2011 y enero del 2014, expresando en su campaña electoral que su candidatura representaba una izquierda moderna, democrática y progresista. Frente a la imposibilidad de ejecutar grandes proyectos de infraestructura por la limitación de recursos, la mandataria impulsó una estrategia para desarrollarla. Por un lado, antes de que culminara el periodo de gobierno del presidente Alan García, en julio del 2011, consiguió financiar el segundo y último tramo de la línea 1 del metro de Lima mediante la modalidad de obra pública, con 100 por ciento de aportes de recursos del Gobierno Nacional. Esta obra se inició en abril del 2012 y fue construida en dos años. Por otro lado, en septiembre del 2012 adjudicó un contrato de APP de iniciativa privada al proyecto ‘Vías nuevas de Lima’, 115 km. de vías en la ciudad, para modernizar el sistema de transporte.

En Bogotá, la obra más importante de infraestructura es la primera línea del metro, y a la fecha, la ciudad no ha logrado su cierre financiero para garantizar la cofinanciación mínima del 30 por ciento del valor del proyecto, en el supuesto que la Nación financiaría el 70 por ciento restante, tal como lo permite la ley. Es decir, que los recursos públicos futuros de infraestructura de la urbe estarán en su mayoría dirigidos a cubrir la construcción de este proyecto.

Frente a este panorama, para poder financiar otros proyectos de infraestructura en la capital del país, se podría acudir a las APP que no requieren recursos públicos. Revisando el Registro Único de APP (RUAPP) del Departamento Nacional de Planeación, se encuentra que a octubre 31 del 2015, Bogotá ha recibido 114 iniciativas privadas (el 32 por ciento del total nacional) en 19 sectores, 20 iniciativas fueron presentadas a entidades nacionales y 94 fueron presentadas a entidades distritales.

En cuanto a proyectos de transporte, se han presentado 55 proyectos, de los cuales 26 han sido rechazados, y hay 29 iniciativas en estudio (21 en etapa de prefactibilidad y 7 en etapa de factibilidad). De estas 29 APP en estudio, 17 son iniciativas privadas que no solicitan recursos públicos (14 en etapa de prefactibilidad y 3 en etapa de factibilidad).

En conclusión, comienza una nueva alcaldía en el 2016, la cual tiene dos tareas importantes en materia de infraestructura: definir el futuro de las APP en estudio para la ciudad, y enviar mensajes claros a los inversionistas privados sobre los proyectos en los cuales deben dirigir sus esfuerzos de estructuración, en adelante.