La Defensoría del Pueblo le solicitó al Gobierno Nacional, departamental y local, atender de manera urgente y garantizar los derechos de 357 personas, pertenecientes a 102 familias, que tuvieron que desplazarse por cuenta de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan de Golfo) en Chocó.  

Las comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento son Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín las cuales están ubicadas al sur oriente del departamento. La entidad había advertido de las posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones en la Alerta Temprana 012 de 2022. 

“Es importante resaltar que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, que está zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís. 

“Reiteramos el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a las comunidades que habitan esta zona del departamento del Chocó”, resaltó el Defensor del Pueblo.

Precisamente, frente a este y otros graves hechos que afectan a las comunidades en el país, este 23 de junio la Defensoría del Pueblo realizará una audiencia defensorial en Quibdó, Chocó. Allí la entidad entregará un informe sobre la situación de derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en el territorio nacional.