La Contraloría General de la República, presentó los resultados de su análisis sobre la evolución de la educación superior en Colombia. 

Las cifras muestran que durante el periodo 2021 – 2025 persisten dificultades en materia de acceso, matrícula y graduación; sin embargo, estos indicadores conviven con brechas que continúan planteando desafíos en materia de permanencia, calidad, equidad y sostenibilidad financiera.

Los desafíos

El primer desafío continúa siendo la baja transición de los jóvenes desde la educación media: uno de cada dos estudiantes que culmina este nivel educativo no ingresa a la educación superior en el período inmediatamente siguiente a su graduación, lo que evidencia la persistencia de importantes barreras de acceso. 

Aunque en los últimos años la matrícula aumentó de 2,44 millones de estudiantes en 2021 a 2,72 millones en 2025, este crecimiento no ha sido suficiente para garantizar una incorporación oportuna de los egresados de educación media.

Este rezago también se refleja en los niveles de cobertura del sistema, que continúan mostrando un rezago significativo frente a los estándares internacionales. 

Señala la Contraloría que a pesar del incremento registrado en los últimos años, el país aún se encuentra a 21,1 puntos porcentuales del promedio de los países de la OCDE, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias orientadas a ampliar el acceso y favorecer la permanencia de los estudiantes en la educación superior.

El informe revela que la expansión del sistema ha estado acompañada de una transformación en la composición de la matrícula. 

Mientras en 2021 el sector oficial concentraba el 54,49 % de los estudiantes y el sector privado el 45,5 %, para 2025 la participación del sector oficial ascendió al 56,7 % y la del sector privado se redujo al 43,3%. 

Este cambio evidencia una creciente presión sobre la oferta pública de educación superior, que deberá atender una demanda cada vez mayor en un contexto de restricciones fiscales y limitaciones de capacidad institucional, lo que plantea desafíos significativos para garantizar la calidad, ampliar la cobertura y asegurar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

No obstante, ampliar el acceso y la matrícula constituye sólo una parte del desafío. También resulta fundamental que quienes ingresan al sistema permanezcan en él y culminen su formación. Entre 2021 y 2025, los graduados aumentaron 6,29 %, al pasar de 524.983 a 557.999. Pese a este avance, persisten desafíos en materia de permanencia. 

En 2023, señala el informe, la tasa nacional de deserción fue de 8,97 %, pero alcanzó niveles considerablemente superiores de deserción en algunos tipos de formación: 17,18 % en educación técnica profesional y 13,62 % en el nivel tecnológico.

En consecuencia, los resultados muestran que la política de educación superior no puede concentrarse exclusivamente en ampliar los cupos o facilitar el ingreso. El reto es acompañar esa expansión con condiciones efectivas de permanencia y culminación de los estudios.

A este desafío se suma otro componente esencial: la calidad de la formación recibida. No basta con acceder, permanecer y graduarse; la expansión de la educación superior debe traducirse también en mejores resultados educativos. En este aspecto, las pruebas de Estado muestran retos persistentes. Entre 2021 y 2025, el puntaje promedio nacional de Saber Pro representó el 48,5 %, mientras que en Saber TyT alcanzó el 45,9 %, ubicándose en ambos casos por debajo de la mitad del puntaje máximo posible. A ello se agregan diferencias por género que no muestran una tendencia clara a cerrarse. Durante el período analizado, los hombres obtuvieron, en promedio, 4,63 puntos más que las mujeres en Saber Pro y 1,42 puntos más en Saber TyT. 

Estos resultados ponen de presente que la ampliación de la cobertura debe ir acompañada de esfuerzos dirigidos a fortalecer simultáneamente la calidad y la equidad del sistema.

La respuesta a estos desafíos de acceso, permanencia y calidad exige, además, analizar la capacidad financiera del sistema, especialmente ante el creciente protagonismo de las instituciones públicas. 

En este frente, las cifras muestran un aumento de los recursos: los ingresos de las universidades públicas, en términos corrientes, pasaron de $7,9 billones en 2019 a $14,2 billones en 2024, con un crecimiento promedio anual del 13 %. 

Sin embargo, el incremento de los ingresos no elimina los desafíos estructurales de financiación. Aproximadamente el 50 % de los recursos proviene de transferencias de la Nación, mientras que los recursos propios representan alrededor del 37%. Esta composición evidencia una persistente dependencia fiscal y una capacidad limitada de autofinanciación de las universidades públicas.

A estos desafíos de financiación y a las diferencias observadas entre instituciones se suma una presión estructural de gran magnitud sobre la sostenibilidad de las universidades públicas: el pasivo pensional.  

En 2024, el pasivo pensional de las universidades públicas alcanzó aproximadamente $10,3 billones, cifra equivalente al 79,7 % de sus pasivos. Además, esta obligación se encuentra altamente concentrada: la Universidad Nacional registra $4,5 billones y la Universidad del Valle $1,4 billones, por lo que ambas representan conjuntamente el 57,8 % del saldo total del pasivo pensional universitario. Esta carga genera presiones sobre los recursos propios de las universidades y puede limitar las disponibilidades destinadas a actividades esenciales como docencia, investigación, extensión e infraestructura.

A las presiones financieras actuales se adiciona un reto fiscal de gran magnitud hacia los próximos años: la implementación de la reforma a la Ley 30 de 1992. La CGR estimó un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036, equivalente a cerca de $2,7 billones anuales. Este escenario exige garantizar fuentes de financiación claras, suficientes y sostenibles para evitar que el mayor compromiso presupuestal genere nuevas presiones sobre las finanzas públicas a partir del 2027.

A este panorama se suman los resultados del control fiscal realizado por la CGR a entidades del sistema de educación superior público entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026, período en el que se identificaron 130 hallazgos fiscales por una cuantía de $176.753 millones. 

De este valor, cerca del 82 % se concentra en el componente contractual, 7,7 % componente contable y 6,6 % en Infraestructura Educativa, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión, el control y el seguimiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a la educación superior.