La Contraloría General de la República realizó un análisis sobre los recursos ejecutados en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las Farc-EP, al cumplirse una década de su firma.

Uno de los hallazgos principales determina que no se ha corregido a 2025 la subestimación de recursos pues, aunque se han ajustado las metas físicas, el componente financiero sigue igual.

El órgano de control evidenció que entre 2017 y 2026 el Estado ejecutó y apropió $138,11 billones, correspondientes al 65 % de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017, lo que a 2025 representa $211,8 billones, pero frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral teniendo en cuenta la implementación de 16 Planes Nacionales Sectoriales Rurales y de los PDET, que según la Misión para la Transformación del Campo es de $331 billones, esa cifra apenas cubre el 37 % de lo que se necesita para cumplir la meta en 2031. 

Según el órgano de control, el origen del problema radica en que el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 subestimó el alcance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, creados a partir del Acuerdo, así como las necesidades de la ruralidad dispersa; además, contabilizó como "nuevos" $37,8 billones que ya correspondían al Sistema General de Participaciones y delegó $5,5 billones a municipios sin capacidad fiscal para asumirlos. 

Aunque la ley exige actualizar ese costo cada año, el Gobierno solo ha fijado metas físicas, dejando el componente financiero sin actualización a 2025.

Desfinanciación estructural

Para la Contraloría General, la implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural, que es a la vez un problema de origen y de gestión. 

A la subestimación que se originó desde la firma, se suma la alta y creciente dependencia del Presupuesto General de la Nación, PGN, la limitada participación de las fuentes territoriales, la concentración de recursos en determinados puntos del Acuerdo y territorios, y las debilidades de trazabilidad que afectan, tanto al Trazador de Paz del PGN (contemplado a partir del Acuerdo), como los recursos de otras fuentes. Esta situación puede comprometer el cumplimiento oportuno y sostenible de los compromisos del Acuerdo Final de Paz.

Otro 17 % del presupuesto para la implementación se financia a través del Sistema General de Regalías, que destina el 99,8 % de esos recursos a la Reforma Rural Integral y al OCAD Paz, con 1.068 proyectos aprobados por $10,77 billones. 

Aunque en 2021 se activó un anticipo excepcional de regalías futuras por $6,73 billones, los pagos reales cayeron de $3,74 billones ese año a $67.675 millones en 2022. Actualmente, persiste casi $1 billón en proyectos aprobados sin contratar, la mitad de ellos en 2025.

Calidad del gasto, eficacia de los recursos y articulación institucional

La Contraloría General determinó que el 67 % de los recursos del Acuerdo Final provienen del Presupuesto General de la Nación y que, aunque el 90,4 % de los proyectos están alineados con lo pactado, falta aterrizar este gasto en el territorio y focalizarlo en los enfoques transversales. Solo el 34,4 % de los proyectos permite identificar recursos por municipio PDET, pero tampoco cuentan con un trazador de paz de los enfoques étnicos y de género.

A pesar de la cuantiosa inversión de $138,11 billones de pesos a 2025 para la implementación del Acuerdo no se han logrado los cambios estructurales esperados en las zonas rurales del país, incluyendo los municipios priorizados con los PDET.

Casi tres décadas para erradicar la pobreza extrema rural. 

La meta planteada en el Acuerdo de erradicarla en 2031 no se cumplirá al ritmo actual. Las intervenciones vigentes sólo contienen el fenómeno: en los últimos diez años, la pobreza extrema en el campo apenas se redujo 0,3 %, lo que evidencia un estancamiento estructural. 

El descenso promedio de los últimos dos años es de apenas 0,75 puntos porcentuales por año.

A este ritmo, Colombia tardará 29 años más —es decir, hasta 2053— en alcanzar niveles cercanos a cero en pobreza extrema rural, situación asociada principalmente a una gestión desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos.

Si bien la Contraloría reconoce que la asignación presupuestal aumentó desde 2020 frente a lo estimado en el marco fiscal, advierte que el impacto real sigue siendo insuficiente. Por ello, resulta necesario priorizar recursos en los próximos años para cubrir los compromisos rezagados, pasar de la simple asignación de fondos a una mayor calidad y efectividad del gasto público, y fortalecer la articulación entre el orden nacional y territorial para asegurar intervenciones integrales en las regiones críticas.

Asimismo, este ente de control insta a fortalecer la capacidad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, las entidades responsables deben mejorar sustancialmente el reporte de sus cifras, así como la identificación específica de recursos y contratos en plataformas de acceso público, de manera que la ciudadanía pueda ejercer un control social efectivo sobre la ejecución de la paz.

Por otra parte, el diseño original del Acuerdo de Paz en 2016 no previó la fragmentación y mutación de las dinámicas de violencia que hoy desafían a las regiones. La persistencia de economías ilícitas y la débil presencia estatal en la ruralidad han permitido que nuevos grupos armados ilegales ocupen los territorios, evidenciando que las garantías de seguridad planteadas se quedaron cortas frente al desafío real de transformar el orden local.

Mientras tanto, en la lucha contra las drogas se han ejecutado $8,44 billones, lo que representa el 65 % de la meta a 15 años. Sin embargo, esa ejecución no se traduce en resultados proporcionales: los cultivos ilícitos persisten sin una contención efectiva, lo que evidencia una desconexión entre lo financiero y lo estratégico. 

Este rezago muestra que la sustitución de cultivos sigue enfrentando problemas de sostenibilidad, debido a la intermitencia de la acción estatal y a la persistente ausencia de bienes públicos esenciales. Sin vías, infraestructura y acceso a mercados, la transición hacia economías legales continúa enfrentando obstáculos estructurales en los territorios.

Además, el órgano de control advierte el posible limbo legal del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, pues la Ley que lo rige limita su existencia hasta el 29 de mayo de 2027.

Sin una estrategia financiera sostenible, articulada y orientada a resultados, existe el riesgo de que los avances logrados durante la primera década de implementación resulten insuficientes para cumplir integralmente los objetivos de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz establecidos en el Acuerdo Final.