La Procuraduría general de la Nación solicitó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura Vial, ANI, verificar que las decisiones relacionadas con la terminación anticipada del contrato de concesión vial y desmonte de los peajes del proyecto ‘Autopistas del Café’ se encuentre debidamente soportada, ajustada al marco constitucional, legal y contractual, y contemple medidas suficientes para garantizar la continuidad, operación y mantenimiento de la infraestructura vial. 

La solicitud, realizada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, fue hecha a raíz de los compromisos consignados en la mesa de diálogo del 20 de mayo último, donde el Comité Antipeajes planteó la terminación anticipada de la concesión y la suspensión del cobro de peajes correspondientes a ese proyecto, que conecta los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

En el requerimiento, el Ministerio Público solicitó, además, adoptar con prontitud “las acciones eficientes y oportunas y las medidas necesarias para evitar la materialización” de riesgos como eventuales incumplimientos contractuales del Estado; la suspensión de esta clase de obras estratégicas para el país; la afectación de la sostenibilidad financiera de los proyectos, y el incumplimiento de normas de carácter legal. 

Igualmente, solicitó información relacionada con el estado actual del contrato de concesión suscrito con Autopistas del Café, que tiene por objeto las obras de rehabilitación y construcción, así como la operación, mantenimiento y prestación de los servicios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales, así como otros documentos de interés para la Procuraduría. 

El requerimiento fue realizado dada la “trascendencia social de estos proyectos, su alta connotación económica para el país y para las regiones, su afectación directa a las comunidades y a la ciudadanía y su amplio impacto jurídico, fiscal y contractual”, razón por la cual inició vigilancia preventiva sobre el proyecto.