En Colombia, históricamente el territorio se ordenó desde una lógica de expansión urbana, valorización inmobiliaria y concentración económica del suelo, dando como resultado una ruralidad fragmentada, con un debilitamiento progresivo de las economías campesinas, familiares, étnicas y comunitarias, y con una pérdida acelerada de áreas con alta aptitud agropecuarias.  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, más de 20 millones de hectáreas presentan hoy degradación severa. Los suelos de clase agrológica I, es decir, los de mayor calidad y aptitud para la producción de alimentos, han desaparecido. Colombia viene perdiendo las tierras con mayor capacidad productiva, y es este Gobierno el que, por primera vez, crea una figura como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, para enfrentar este problema y mitigar sus impactos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. 

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, realizó varias precisiones alrededor de los alcances técnicos, jurídicos y procedimentales de las mismas.  

“Las APPA gozan de validez técnica. Entre el 70-80 % del abastecimiento agroalimentario proviene de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, en esos suelos que vienen desplazándose por las presiones en su uso. Esto ha generado que los campesinos salgan de la Frontera Agrícola a producir. Tener un ordenamiento adecuado dentro de la Frontera es fundamental para evitar seguir corriéndose sobre el patrimonio ambiental”, comentó la ministra. 

Además, se refirió a lo que significa que el país ya cuente con más de 900 mil hectáreas declaradas como APPA, una cifra que evidencia una transformación profunda en la manera como el Estado concibe el territorio. A partir de ahora, y gracias a la Revolución por la Vida, la producción de alimentos se pone en el centro del ordenamiento territorial y los suelos fértiles son entendidos como un patrimonio nacional que debe ser protegido. 

Las APPA no funcionan como un proyecto aislado con una única bolsa presupuestal centralizada. Son un instrumento de articulación territorial que permite coordinar inversión pública, oferta institucional y acciones de distintas entidades alrededor de territorios estratégicos. Por eso, el Gobierno ha venido construyendo herramientas nuevas de planeación y seguimiento presupuestal, como el trazador presupuestal campesino, los mecanismos del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y estrategias de coordinación territorial contempladas en el CONPES 4184 de 2026 precisó la Ministra.. 

Dijo que el Gobierno está implementando una estrategia integral para proteger la producción nacional de alimentos, estabilizar los costos agropecuarios y fortalecer la permanencia de la economía campesina en el territorio, mediante la articulación entre el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios y la política de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos.  

En su fase FAIA Integral – Ciclo Corto (2026), el programa movilizó más de $63.931 millones en las economías locales mediante apoyos directos cercanos a $25.000 millones, beneficiando a 9.617 productores, de los cuales el 97% corresponden a pequeños agricultores. 

Dando continuidad a esta política pública, el MinAgricultura ha puesto en marcha el FAIA Mitigación 2026, orientado a contener el impacto del alto costo internacional de los fertilizantes y la variabilidad climática sobre las economías rurales. Esta nueva etapa cuenta con una inversión total de $150.000 millones: $110.000 millones dirigidos a subsidiar insumos para cadenas estratégicas como arroz, maíz, cacao, papa, plátano, yuca, hortalizas y sistemas pecuarios, y $40.000 millones adicionales aportados por el Fondo de Estabilización de Precios del Café para renovación y sostenimiento de cafetales jóvenes. 

Nuevos territorios APPA

Durante el espacio, Juan Pablo Sandoval, director de la UPRA, anunció que pronto se firmarán las resoluciones de APPA en Cogua y en el suroeste antioqueño, en Ciudad Bolívar, Andes Betulia, Betania, Támesis y Pueblo Rico.   

“El Gobierno ha emitido el CONPES de Reforma Agraria, que contempla inversiones indicativas de alrededor de $18 billones para los próximos 20 años. La protección del suelo rural y el ordenamiento territorial son fundamentales. Estas próximas declaratorias nos permitirán llegar a 1 millón de hectáreas protegidas de suelo rural”, agregó Sandoval. 

Cogua como APPA responde a órdenes judiciales en el marco de la Sentencia del río Bogotá. Adicionalmente, la Sabana Centro, uno de los corredores estratégicos de abastecimiento alimentario de Bogotá y del centro del país, enfrenta una enorme presión urbanística, especulación inmobiliaria y cambio acelerado del uso del suelo debido a su cercanía con la capital, reafirmando la urgencia de esta determinante. 

“Con las APPA, insisto, se refuerza un mandato jurídico ya incorporado al ordenamiento constitucional y legal colombiano. Estamos garantizando el patrimonio más importante del país: los suelos fértiles, que no son una superficie plana indistinta. Llegamos con oferta institucional para fortalecer la producción”, agregó la jefa de cartera.