Pacientes Colombia, organización de la sociedad que reúne a 202 asociaciones de pacientes, junto con un grupo de organizaciones y ciudadanos firmantes, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación.

La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento, particularmente en lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC. 

Según el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.

En él se señala que, a pesar de las advertencias explícitas de la Corte Constitucional en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025, el Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos. La Corte ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera del sistema.

La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Minsalud. Organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema han denunciado públicamente que se ignoraron sus aportaciones técnicas, que no se garantizó una participación efectiva y que, incluso, voceros del ministerio manifestaron en dichas mesas la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales.

“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país, consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces. Por ello, solicitamos a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez por presunto fraude a resolución judicial y otros delitos que puedan derivarse del proceso”, expresó Denis Silva, vocero de Paciente Colombia.

En el escrito se pide además que se decreten medidas cautelares urgentes, incluida la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias, así como la evaluación de la suspensión temporal de las funciones del ministro Jaramillo relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanzan las investigaciones. 

Para los denunciantes, estas medidas son necesarias para evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que ya está afectando a la atención, la oportunidad y la continuidad de los servicios sanitarios.

Pacientes Colombia reitera su llamado para que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y se adopten, sin más dilación, las medidas estructurales necesarias para garantizar la suficiencia de los recursos del sistema de salud y la protección real del derecho fundamental a la salud de la población.