El general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, fue condenado a siete años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que lo declaró responsable del delito de tráfico de influencias por intervenir irregularmente en un proceso judicial contra el poderoso ganadero cordobés Luis Gonzalo Gallo.

Palomino, quien ya se presentó voluntariamente ante el CTI, aseguró que acata la decisión, aunque no la comparte: “Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta. Por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde”, afirmó.

La intervención que desencadenó la condena

Según la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Caldas Vera, el 8 de febrero de 2014 Palomino, entonces director general de la Policía, visitó sin protocolo oficial el apartamento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez. Llegó acompañado del mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, entonces director de la Dijín. Su objetivo: intervenir en el proceso contra Gallo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos.

El empresario había sido capturado por presuntamente adquirir cerca de 100 predios despojados por el ‘clan Castaño’. Durante la visita, la Fiscalía señaló que Palomino “invocó la importancia social del investigado y sus vínculos con altos dirigentes, como el expresidente Andrés Pastrana y el presidente del Banco Mundial” para justificar su intervención.

La fiscal Velásquez relató que la visita ocurrió el mismo día en que había impartido órdenes de captura dentro del caso, y que Palomino llegó “sin ninguna formalidad oficial”, describiendo a Gallo como “una persona honorable” y allegado a altos funcionarios y personalidades nacionales e internacionales.

Aunque no hubo una petición explícita para frenar el proceso, la funcionaria aseguró haber sentido “presión institucional” por la jerarquía del general. Según la Corte, esa presión fue determinante para que, tras la indagatoria, Gallo fuera dejado en libertad sin que se corroborara la información de su defensa.

La polémica por la orden de captura

Inicialmente, la Sala había permitido que Palomino permaneciera en libertad mientras la condena quedaba en firme. Sin embargo, el pasado 19 de noviembre emitió una orden de captura inmediata, decisión de la que el magistrado Vera salvó su voto.

Vera argumentó que la privación de la libertad antes de que la sentencia sea ejecutoriada debe ser excepcional y basada en criterios de estricta necesidad: “La gravedad de la conducta y el mensaje que se pretenda enviar a la sociedad… no pueden ser el único criterio”, señaló. También cuestionó que se minimizara el principio pro libertatis.

La decisión final quedará en manos de la Sala Penal, que deberá resolver en segunda instancia.