La Defensoría del Pueblo calificó como “insuficientes” las acciones del Estado frente a la atención y reparación de las víctimas de la tragedia de Armero, ocurrida hace cuatro décadas.

Según un reciente informe del organismo, persisten graves vulneraciones de derechos y una respuesta institucional “fragmentada y sin articulación territorial”.

De acuerdo con el documento, muchos de los sobrevivientes —hoy en su mayoría personas mayores— aún no han visto restituidos sus derechos fundamentales ni colectivos. Además, enfrentan dificultades para acceder a pensiones, vivienda digna y servicios básicos.

La Defensoría recordó que, además de las pérdidas humanas y materiales —más de 10.000 predios destruidos y la desaparición de una economía agrícola y comercial próspera—, las secuelas de la tragedia siguen vigentes. Entre ellas se destacan afectaciones en la salud mental, desarraigo, ruptura del tejido social, discapacidades, pérdida de la memoria cultural y condiciones persistentes de vulnerabilidad.

El organismo instó al Estado a fortalecer la articulación institucional y a garantizar una reparación integral que dignifique a las víctimas y honre la memoria de una de las tragedias más dolorosas en la historia del país.