Autoridades en la capital de la República identificaron a un grupo de supuestos tramitadores y trabajadores de la salud que al parecer estaban ofertando incapacidades falsas de COVID-19 desde hace varias semanas.

El centro de operaciones habría sido identificado en el barrio Olaya, localidad de Tunjuelito, en donde se imprimían los documentos aprovechando la coyuntura de la pandemia con firmas y resultados alterados de pruebas inexistentes.

Los cobros por las incapacidades estarían entre $40.000 y $120.000 dependiendo de la duración. Sin embargo, aparentemente no se exigían mayores requisitos salvo la cancelación anticipada del valor total del servicio.

Especialistas manifestaron que la falsificación de certificados de incapacidad médica podría representar que un trabajador incurra en fraude, o incluso la terminación del contrato laboral por justa causa.