Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, habló a través de Econoticias sobre el panorama nacional que afrontan los entes camerales y la situación particular de la capital tolimense. Además, se refirió a su participación reciente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Ecos del Combeima: ¿Cómo le fue en el foro de la competencia de la OCDE la semana pasada?

Andrés Barreto: Estábamos en nuestro comité presentando algunos insumos que remitimos para las discusiones, teniendo las reuniones paralelas con nuestros pares de la región y algunos actores importantes con los que mantenemos ese contacto.

EDC: ¿Qué papel cumple la Superintendencia con las Cámaras de Comercio en Colombia?

AB: Legalmente tenemos la función de vigilar, toda vez que recaudan un registro público. Además, vigilamos las elecciones de juntas directivas en el ejercicio electoral que ahora se hace cada cuatro años; esas son nuestras dos funciones principales.

EDC: ¿Cuál debe ser el principal aporte de la Cámara al desarrollo de la región y cómo ejercer control en el marco del derecho privado?

AB: La posibilidad que tenemos de vigilar es por los dos temas que asisten a lo público: registro mercantil y elecciones. Además de eso, somos la segunda instancia de los actos de impugnación, pero la esencia de una Cámara de Comercio es ser una gran agencia de desarrollo en lo local, digamos que reúne al grupo de comerciantes de una región y eso lo que nos permite medir son dos cosas: la competitividad de esa región porque si no hay formalidad en la empresa es muy difícil que muchas cosas se desencadenen o detonen en buenos resultados como recaudo tributario, empleo formal y avance de la región. La Cámara de Comercio es el termómetro principal de la legalidad.

EDC: ¿Es cierto que la Cámara de CCI podría ser intervenida o auditada para ejercer un mejor control sobre lo que sucede en la ciudad?

AB: Yo como superintendente puedo participar en la junta directiva de la Cámara y puedo citar una junta extraordinaria cuando las razones así lo ameriten (…) nos interesa que no se coadministre, que no se cogobierne, que no se haga política, que se maneje la Cámara como una empresa y que eso redunde en el bienestar de la ciudad y de la jurisdicción.

EDC: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está a punto de expedir un decreto que promueve la formalización empresarial evitando el cobro en salarios mínimos sobre la matrícula mercantil, ¿cuál debería ser la participación ideal del ingreso privado para volverlas más eficientes?

AB: No existe un porcentaje probado, pero lo que sí existe es una regla general en el sentido que no es deseable que una Cámara de Comercio únicamente repose en el registro mercantil, y esto lo hemos venido diciendo con Confecámaras (…) el registro es un ingreso constante que tienen siempre porque lo recaudan, pero la naturaleza es poder tener planes, proyectos y agendas que la hagan autosostenible más allá del recaudo del registro mercantil. Hay muchas más posibilidades de financiación porque son verdades empresas privadas, entonces tienen la posibilidad de invertir, de tener un portafolio de servicios muy amplio.

EDC: En una reciente entrevista a un medio independiente en Barranquilla, usted aseguró que las Cámaras no pueden ser utilizadas para aspiraciones políticas. En Ibagué hubo un miembro de Junta de la empresa Servinaltra de Andrés Sierra que fue precandidato al Concejo y salió electo con el apoyo de la presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, Sofía Pardo. Hasta qué punto el decreto reglamentario 2042 en su artículo 5 regula este tema?

AB: Lo que uno no quisiera ver es que la gente utilice los cargos para hacer política, lo que no quisiera uno pensar es que la gente crea que eso es un reencauche para personas que han salido de ejercicios políticos (…) no queremos ver presión política en una Cámara porque está prohibido. La política que uno quiere ver es la de desarrollo de la región.

EDC: Ibagué no ocupa los mejores lugares en empleo y competitividad con varios años de 0 industrias nuevas creadas. Esta situación requiere un cambio significativo en la Cámara de Comercio de Ibagué que lleva casi 10 años cooptada por el empresario Andrés Sierra, intentando favorecer familiares y pidiendo el puesto de dos funcionarias al nuevo presidente ejecutivo, Brian Bulla. Cómo puede la SIC garantizar que este tipo de actuaciones en la Cámara de Comercio de Ibagué tengan sanciones ejemplares?

AB: La ley cambió y ahora hay un término en el que usted no puede estar a perpetuidad sentado en las juntas directivas. Lo deseable es que haya más empresarios participando; debe haber una renovación en edad y en sectores. Los puestos no pueden estar escriturados a los de siempre.