Las razones de la condena a la Fuerza Pública radican en que se probó que fueron miembros del Ejército quienes detuvieron y posteriormente asesinaron a los dos jóvenes; en segundo lugar, por la omisión de los uniformados de su deber de proteger la dignidad humana, vida e integridad personal de las víctimas de una detención y por muerte ilegal. la forma como fueron retenidos, torturados y desaparecidos los dos jóvenes fue una acción deliberada.

Según las investigaciones, los dos hermanos fueron vistos con vida por última vez durante una requisa que les hicieron miembros de la Fuerza Pública, por lo que la Sección Tercera encontró probada la responsabilidad del Ejército y la Policía. La Policía y el Ejército deben indemnizar los daños materiales y morales ocasionados a la familia de las dos víctimas. “La forma violenta en que fallecen puede en sí misma comprender una vulneración de tal tipo que se ofende el principio de humanidad y de dignidad; se desprende como efecto inmediato e indiscutible que se entorpece cualquier elección del sujeto que fallece en tales condiciones, desde la perspectiva de vida personal, familiar, social y económica”, señaló la decisión. La Sala reiteró que las autoridades deben proteger a todas las personas, por lo que Alto Tribunal ordenó que el Ministro de la Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares y el Comandante del Batallón Patriotas realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de las víctimas, en donde exalten su dignidad humana como miembros de la sociedad. Así mismo, se ordenó capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales, según los estándares convencionales y constitucionales, exigiéndose la difusión de ejemplares impresos de la Convención Americana de Derechos Humanos.