El fiscal 53 seccional de delitos contra la administración pública solicitó al juez sexto de garantías, medida de aseguramiento intramural, decisión que fue modificada por la domicilairia en contra de Jaime Castillo Paiba y Javier Hernando Rubio Antía por las presuntas conductas de fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada  y falsedad ideológica en documento público y privado.

Los hechos se dieron a través de una página de internet y haciéndose pasar como una empresa que daba garantías a mujeres en estado de gestación de menos de tres meses y en condiciones económicas paupérrimas, para poder acceder a una adecuada atención médica, diciéndoles que inicialmente les iban a dar un kit para sus bebés como ayuda primaria.

A través de una oficina ubicada en el centro comercial Pasaje Real, allí les exigían la cédula y procedían a afiliarlas, a unas empresas de papel, haciéndolas pasar como empleadas de las mismas.

Estos dos hombres, presuntamente actuaban con ocho empresas ficticias, señalando que las víctimas laboraban para las mismas que no existían y en el momento del parto, procedían a cobrarle a la EPS Salud Total, la suma de 13 millones de pesos por cada licencia de maternidad .

Ante esto la EPS, le solicitaba los recobros al Fosyga. Sin embargo Salud Total se dio cuenta de la estafa por lo que denunció a estas personas ante  la Fiscalía General de la nación.

Cabe señalar que los hombres interpusieron acciones de tutela a varios juzgados de garantías de Ibagué,  pero tan sólo pudieron hacer efectivo el cobro de 13 millones de pesos. Dineros que como dijo el juez sexto de garantías, hacen partes de las arcas del estado.

Las víctimas fueron afiliadas con un salario  de 4 millones de pesos, el cual era falso. Además que cuando iban a consultas médicas estaban pagando la suma de 27 mil a 30 mil  pesos, en vez de cancelar cerca de dos  mil pesos, debido a que no tienen recursos económicos.

Con este hecho se engañó a la justicia porque presentaron una gran cantidad de acciones de tutela a los despachos judiciales de Ibagué, además se comprobó que eran unas licencias de maternidad en las que se exigían pagos abultados.

Se cree que este modus operandi se esté dando con  otras EPS del país,  por lo que la Fiscalía adelanta labores de inteligencia para continuar desmantelando redes dedicadas a cobrar licencias de maternidad de mujeres de escasos recursos económicas, desfalcando el erario del estado.

En consecuencia ese despacho judicial ordenó el traslado a sus lugares de residencia a estos dos presuntos implicados a la cárcel de Picaleña.

Debido a la avalancha de tutelas que fueron radicadas en varios despachos judiciales, esto despertó sospecha, por lo que se iniciaron las investigaciones.

Igualmente varias de las víctimas en el momento de solicitar el pago de la licencia a estos hombres, tan sólo recibían una suma mínima de 800 mil pesos.