El caso Lili Pink sufrió un nuevo y duro golpe judicial. El Juez 67 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá declaró durante la audiencia, ilegal otro grupo de pruebas clave, debilitando el proceso que la Fiscalía intenta sostener desde abril de 2026.

La decisión recae sobre la información obtenida durante los allanamientos del mes de abril. Con este fallo, la Fiscalía vuelve a perder piezas fundamentales de su estrategia, justo cuando el caso parecía avanzar hacia una etapa decisiva.

Este no es un episodio aislado. 

El pasado 24 de julio, la Juez 18 de Control de Garantías ya había asestado un golpe severo al declarar la ilegalidad de las pruebas recolectadas en esos mismos allanamientos. En aquella audiencia, la juez no solo tumbó el material probatorio: reprendió públicamente a la fiscal del caso, calificándola de descuidada y desleal por la manera en que estaba conduciendo la investigación. 

Ese llamado de atención encendió alarmas sobre la solidez del proceso.

En esta nueva audiencia, el Juez 67 acogió los argumentos de la defensa, que se opuso tajantemente a la legalización de pruebas que ya habían sido declaradas ilegales. La Fiscalía insistió en revivirlas, pero el despacho fue categórico: lo que ya es ilegal no puede ser legalizado de nuevo.

El resultado es inquietante: dos jueces distintos, en dos momentos diferentes, han tumbado las mismas pruebas esenciales.

El proceso Lili Pink, que comenzó con fuerza y expectativa, hoy suma una nueva derrota. La pregunta que se hacen los analistas jurídicos es sobre si la Fiscalía podrá sostener un caso que sufre derrotas cada vez que llega a los estrados judiciales.