La Fiscalía General de la Nación, mediante un trabajo articulado con la DIJIN de la Policía Nacional, puso en evidencia a una red de tráfico de migrantes que, al parecer, cobraba cerca de 300 dólares a cada extranjero que ingresaba ilegalmente al país por Ipiales, Nariño. De acuerdo con las investigaciones, la estructura supuestamente, les brindaba manutención, hospedaje en un hotel de Medellín y transporte terrestre hasta Capurganá, Chocó, por este valor donde los migrantes eran recogidos en lanchas y trasladados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, 11 presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados por las autoridades, entre ellos los señalados articuladores principales, identificados como Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía, quienes serían los encargados de la logística, traslados, alimentación y estadía de las personas que los contactaban.

Por otra parte, Leidy Nataly Estrada Cifuentes y Jennifer Aurora Suaza Escudero, las compañeras sentimentales de estos dos hombres también fueron detenidas. Cabe resaltar que, los elementos materiales probatorios indican que las femeninas estarían involucradas en el cobro de los giros internacionales, los cuales, en el último año, habría ascendido a 254 millones de pesos y 46.000 dólares. Además, las víctimas serían ciudadanos de Haití, Senegal, Cuba, Paraguay y Uruguay, entre otros países.

Mientras que, las autoridades identificaron a dos mujeres también serían parte de la organización ilegal, capturando a Gloria Milena Álvarez Quinchía y Viviana María Mesa Serna, que al parecer administraban y supervisaban todo en el hotel de Medellín, donde se estarían quedando las víctimas. Los otros presuntos integrantes de la estructura ilegal cumplirían actividades logísticas y de transporte.

Un fiscal imputó a estas personas los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado, por lo que los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, los supuestos articuladores en centro carcelario y los demás en el lugar de residencia. Finalmente, la estructura ilegal tenía unos bienes, avaluados en más de 2.500 millones de pesos, los cuales fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales - SAE, para su administración.