Lo que para cientos de ciudadanos parecía un acto de solidaridad terminó convirtiéndose en el combustible de una red dedicada a la explotación infantil. La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena de siete integrantes de una organización que utilizaba niños y niñas indígenas para actividades de mendicidad en Medellín.

La decisión judicial se produjo luego de que los implicados, la mayoría de nacionalidad venezolana, aceptaran su responsabilidad mediante preacuerdos celebrados con el ente acusador. Las investigaciones permitieron establecer que la estructura operó entre los años 2024 y 2025 en diferentes sectores de la capital antioqueña, especialmente en zonas turísticas de El Poblado.

De acuerdo con las autoridades, los menores pertenecían a la comunidad indígena Emberá Katío y eran utilizados para generar compasión entre turistas nacionales y extranjeros. Con bebés en brazos y mensajes alusivos a necesidades básicas, los implicados solicitaban la compra de pañales, leche y otros artículos de primera necesidad.

Sin embargo, la investigación reveló que gran parte de los productos obtenidos no eran destinados al bienestar de los menores. Por el contrario, terminaban siendo revendidos para generar ganancias económicas a favor de la organización delincuencial.

La Fiscalía documentó al menos diez hechos delictivos en los que cada integrante cumplía funciones específicas dentro de la red. Mientras algunas mujeres recorrían las calles realizando las solicitudes, otros se encargaban del transporte, almacenamiento y comercialización de los elementos recibidos.

Entre los condenados figura la propietaria de un establecimiento comercial que, según las investigaciones, compraba los productos obtenidos mediante esta modalidad y coordinaba posteriormente su reventa, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema ilegal.

Tras evaluar las pruebas recopiladas por los investigadores, una juez penal de conocimiento avaló los acuerdos judiciales y emitió condenas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad.

Las penas impuestas oscilan entre los 24 y los 39 meses de prisión. El caso ha generado rechazo por la forma en que fueron instrumentalizados los menores de edad, aprovechando su condición de vulnerabilidad para obtener beneficios económicos.

La decisión representa un importante precedente frente a las estructuras que utilizan niños para actividades de mendicidad organizada, una problemática que sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades encargadas de la protección de la infancia en Colombia.