La Fiscalía General de la Nación judicializó a los investigadores de la Sijín de la Policía Nacional Diego Alejandro Correa Morales, Ramiro Cabeza Peñaranda, Andrés Mauricio Agudelo Giraldo y Erika Julieth Villa Farfán, como presuntos responsables de exigir y recibir dinero de un transportador a cambio de no capturarlo y devolverle un vehículo de carga.

Los hechos investigados ocurrieron el 4 de noviembre de 2025, cuando los uniformados citaron al propietario de una volqueta en un parqueadero de Girardota (Antioquia). Allí le leyeron los derechos de capturado, argumentando que el automotor habría sido hurtado y tenía el motor regrabado. Ese mismo día, los servidores recibieron 5 millones de pesos para no hacer efectiva la supuesta captura en flagrancia del propietario, aunque sí dejaron al conductor a disposición de la Fiscalía.

Un día después, tres de los procesados citaron nuevamente a la víctima en un centro comercial del oriente de Medellín, donde le presentaron al supuesto propietario legítimo del vehículo y le exigieron la suma de 350 millones de pesos. En esa misma fecha, retiraron la volqueta del parqueadero con una grúa sin informar su destino.

Los cuatro investigados fueron capturados el 18 de marzo de 2026 por la Dijín de la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, que los acusó de concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por la defensa.