Un nuevo caso de estafa que golpea a familias campesinas salió a la luz tras la judicialización de Jairo Ramón Agámez Ortiz, señalado de engañar a por lo menos 41 personas con supuestos trámites para acceder a tierras rurales administradas por el Estado.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría utilizado una estrategia basada en la confianza, asegurando que era presidente de una asociación encargada de procesos de restitución y adjudicación de predios. Además, decía actuar como intermediario ante entidades oficiales, lo que le permitía convencer a sus víctimas de entregarle dinero.

Las autoridades establecieron que Agámez Ortiz habría recibido cerca de 52 millones de pesos, argumentando cobros por afiliaciones, gastos administrativos, pólizas y supuestos trámites, sin que existiera un respaldo real para dichas gestiones. Las víctimas, en su mayoría familias campesinas de Tolima, Caldas y Antioquia, confiaron en la promesa de acceder a un terreno propio.

Por estos hechos, el hombre fue vinculado por el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que aceptó ante las autoridades. Como medida, deberá cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Entretanto, las investigaciones continúan, ya que no se descarta que existan más personas afectadas en otras regiones del país que aún no han denunciado este caso.