El Movimiento Nacional Carcelario se pronunció sobre la muerte de Cristol Andrea Sánchez, una mujer de 34 años oriunda de Ibagué, quien falleció mientras se encontraba recluida en la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, y cuyo caso ha generado fuertes cuestionamientos.

Según la organización, los hechos se remontan al pasado 12 de marzo, cuando la mujer se vio involucrada en una riña al interior del pabellón femenino, situación que habría dejado varias lesiones, entre ellas una fractura en uno de sus brazos.

Tras este episodio, Cristol Andrea habría sido trasladada a la enfermería del centro penitenciario, donde, de acuerdo con la denuncia, se registraron nuevos hechos de presunta violencia que hoy están en el centro de la polémica.

El Movimiento Nacional Carcelario asegura que, posteriormente, la mujer habría sido agredida por integrantes del Cuerpo de Reacción Inmediata (CRI), quienes, según el pronunciamiento, la habrían arrastrado del cabello y golpeado en repetidas ocasiones con patadas y otros ataques físicos.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es que estas agresiones, presuntamente, habrían ocurrido en presencia de directivos del centro carcelario, lo que aumenta la gravedad de los señalamientos y abre interrogantes sobre posibles omisiones.

Adicionalmente, se indica que durante los días posteriores, específicamente entre el 13 y 14 de marzo, la mujer permaneció aislada, tiempo en el cual, según testimonios de otras internas, se escuchaban gritos pidiendo ayuda desde la enfermería.

El caso dio un giro definitivo el 15 de marzo, cuando los familiares fueron informados de la muerte de la mujer, bajo una versión oficial que apunta a un presunto caso de autolesión, explicación que ha sido rechazada por sus allegados.

Para la organización, las circunstancias que rodean el fallecimiento no son claras y podrían estar relacionadas con los presuntos hechos de violencia denunciados, por lo que exigen una investigación independiente que permita esclarecer lo ocurrido.

La muerte de la ibaguereña no solo ha generado indignación en su familia, sino que también reabre el debate sobre las condiciones al interior de los centros penitenciarios y el papel de las autoridades en la protección de las personas privadas de la libertad.

Mientras avanzan las solicitudes de investigación, el caso sigue rodeado de dudas, en medio de versiones encontradas y un contexto que, según denuncian, podría evidenciar un caso de presunta violencia bajo custodia del Estado.