Un grupo de ciudadanos realizó un plantón en la mañana de este jueves en la entrada del Palacio Municipal para exigir respuestas frente a los presuntos incumplimientos de la constructora Prabyc Ingenieros, responsable del proyecto de vivienda Hacienda del Bosque.

Los manifestantes aseguran que llevan entre ocho y nueve años esperando la entrega de sus apartamentos o la devolución del dinero invertido, sin obtener soluciones concretas. Según indicaron, serían más de 600 los afectados solo en ese proyecto, aunque advierten que la cifra podría ser mayor si se tienen en cuenta otros desarrollos inmobiliarios.

“Estamos aquí porque no nos han entregado ni la vivienda ni el dinero. Hay personas de la tercera edad que llevan años esperando, incluso algunos fallecieron sin ver cumplido su sueño”, expresó uno de los voceros.

Los afectados cuestionan la gestión del agente interventor, Arnulfo Moreno, designado por la Alcaldía en 2024 para asumir el proceso. Señalan que no ha presentado informes detallados sobre el manejo de los recursos ni ha cumplido los compromisos adquiridos en reuniones previas.

De acuerdo con los denunciantes, en recientes comunicaciones se anunció la devolución de 1.600 millones de pesos a un grupo de personas; sin embargo, aseguran que las cifras no coinciden con los montos reportados anteriormente.

“Nos dijeron que había 5.377 millones para pagos, luego que en la fiducia había 2.000 millones. Ahora anuncian devoluciones por 1.600 millones. ¿Dónde están los otros recursos?”, cuestionó otro de los asistentes al plantón.

Los inversionistas estiman que solo en Hacienda del Bosque se habrían recaudado cerca de 20.000 millones de pesos, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre su destino. Aseguran que, desde el inicio de la intervención, únicamente se han ejecutado obras menores como una portería y una vía interna.

Entre los asistentes al plantón estuvo una mujer que afirmó haber entregado más de 100 millones de pesos al proyecto hace ocho años. “En agosto de 2018 di 34 millones como cuota inicial y luego 70 millones más. Han pasado ocho años y no tengo ni apartamento ni dinero”, relató.

Los afectados también denunciaron presuntas amenazas legales por hacer pública la situación. “Nos dijeron que podrían interponer una demanda penal por informar a la opinión pública. Lo único que queremos es que nos respondan”, manifestó otro vocero.

Los manifestantes pidieron la intervención directa de la alcaldesa, argumentando que fue la administración municipal la que designó al agente interventor. Mientras tanto, los afectados anunciaron que continuarán realizando acciones públicas hasta obtener respuestas claras sobre la devolución de sus recursos o la entrega de las viviendas prometidas.