La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo envió un oficio a  la Justicia Especial para la Paz, JEP, en el que se muestra la preocupación del ente acusador frente a la forma como se han tratado los temas que tiene que ver con el reclutamiento de menores.

En apartes de la misiva la fiscal Camargo indica que “dejo a su consideración algunas reflexiones que reflejan la preocupación de la Fiscalía General de la Nación sobre la proyección del cierre judicial definitivo de los procesos penales existentes en contra de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. 

Para la fiscal Camargo son tres los aspectos que a su juicio considera generadores de riesgo;

1. El cierre definitivo y completo de todos los procesos del conflicto armado en un plazo razonable.

La FGN, en cumplimiento del literal b) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, entregó a la JEP 17 informes que daban cuenta sobre distintos fenómenos delictivos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano. 

En ellos, se reportó un inventario que evidenciaba un total de 223.282 casos identificados, con 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Estos informes, junto con otros que entregaron autoridades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de derechos humanos, fueron los insumos principales para que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (SRVR), en aplicación de su modelo de priorización y selección, ordenara la apertura de 11 macrosasos.

“Por lo que hemos entendido, el esquema de procesamiento de estos macrocasos parte de un universo provisional y amplio de hechos, No obstante, las decisiones que se han adoptado por la SRVR impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, sin tener una  una hoja de ruta clara para definir cuáles casos son archivados, cuáles continúan en investigación y cuáles son llevados a juicio.

Se supo que la Fiscalía remitió copias de 17 informes donde se identificaron 280 mil indiciados y casi 197 mil víctimas de vulneraciones durante el conflicto. 

Sin embargo, advirtió el ente acusador, la JEP solo ha procesado a una porción pequeña de los responsable

La fiscal Camargo. señaló que “Para la Fiscalía resulta preocupante que las decisiones que ha adoptado la Sala de Reconocimiento de Verdad no incluyan la totalidad de investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”.