El debate por el ingreso del municipio a la Ley 550 subió de tono luego de una maratónica jornada de aproximadamente 15 horas en el Concejo Municipal, marcada por recusaciones contra algunos cabildantes y ahora por una decisión judicial que exige garantizar la participación efectiva de la ciudadanía.

Tras una acción de tutela presentada por ciudadanos, el juzgado que conoció el caso admitió la solicitud y decretó medidas provisionales encaminadas a que la comunidad pueda conocer de manera completa el proyecto de acuerdo, sus anexos técnicos y financieros, presentar observaciones y lograr que estas sean conocidas por la plenaria antes de adoptar una decisión de fondo.

La medida provisional establece, entre otros aspectos, que debe garantizarse el acceso público al texto íntegro del proyecto de acuerdo y a sus respectivos documentos técnicos y financieros.

También se deberá habilitar un espacio prudencial para que los ciudadanos puedan revisar la documentación y formular las observaciones que consideren pertinentes.

Un tercer punto ordena que las observaciones recibidas sean puestas en conocimiento de la plenaria para su valoración antes de tomar una decisión definitiva.

Para el concejal de Cajamarca Cristian Murillo, la decisión representa un llamado a que el proceso deje de ser exclusivamente institucional y sea conocido ampliamente por los habitantes del municipio.

“Lo que está pidiendo la población es que todo este proceso sea transparente con la comunidad, que todos los informes, que todos los anexos técnicos sean socializados y también es lo que nosotros estamos solicitando en este caso a la presidencia del Concejo”, afirmó Murillo.

El cabildante sostuvo que es necesario generar espacios de diálogo para explicar a los ciudadanos por qué Cajamarca pretende acogerse a la Ley 550, cuáles son los pasivos que se pretenden atender y cuáles son los documentos que sustentan la decisión.

Pero el debate tiene otro punto que ha generado especial preocupación entre algunos concejales: las facultades que se pretenden entregar al alcalde municipal.

Murillo llamó particularmente la atención sobre los artículos cuarto y sexto del proyecto.
El primero contempla facultades para celebrar operaciones de crédito público, mientras que el artículo sexto permitiría al alcalde vender, enajenar o ceder en pago bienes del municipio.

La preocupación planteada por el concejal radica en que, según su interpretación del proyecto, se estaría dejando abierta una facultad sin determinar previamente cuáles bienes podrían ser comprometidos.

“Tenemos dos artículos supremamente problemáticos y que a la comunidad le está surgiendo una intriga tenaz. Es el artículo cuarto, que habla de darle facultades al alcalde para celebrar operaciones de crédito público, y el artículo sexto, que deja abierta la facultad para que el alcalde municipal pueda vender, enajenar o ceder en pago bienes del municipio de Cajamarca”, manifestó.

Ante este escenario, la bancada progresista presentó una proposición para solicitar que el artículo sexto sea suprimido hasta que existan estudios técnicos, avalúos y peritajes que permitan establecer con precisión cuáles son los bienes del municipio, cuánto valen y cuáles podrían eventualmente ser objeto de una operación.

“Como bancada también nosotros hemos hecho una proposición y es que el artículo sexto se suprima hasta que existan estudios técnicos, hasta que exista un peritaje del avalúo de los bienes que tiene Cajamarca y hasta que se digan cuáles bienes se piensan enajenar, vender o ceder en pago”, explicó Murillo.

El concejal cuestionó que se otorguen facultades amplias sin que exista claridad sobre el patrimonio que eventualmente podría quedar comprometido.

“Dar unas facultades abiertas sin saber qué bienes sería una irresponsabilidad por parte del Concejo”, sostuvo.

Con la decisión judicial, el debate sobre la Ley 550 en Cajamarca toma una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de discutir las condiciones financieras del municipio, sino también de garantizar que la ciudadanía pueda conocer la información, revisar los documentos y participar antes de que el Concejo adopte una decisión definitiva.

Mientras tanto, la discusión sobre las facultades para disponer de bienes públicos se convierte en uno de los principales puntos de tensión dentro del proyecto.

La pregunta que queda sobre la mesa es clara: ¿Qué bienes del municipio podrían terminar comprometidos y bajo qué condiciones?