La muerte de Víctor Julián Aguirre Soto, un joven de 17 años oriundo de Herveo, desató indignación en el norte del Tolima y volvió a poner sobre la mesa la crisis estructural del sistema de salud en Colombia.

El adolescente falleció este 23 de julio de 2026, luego de permanecer más de un mes hospitalizado esperando una cirugía de pulmón y un traslado a un centro de mayor complejidad que, según denuncian sus familiares, nunca fue autorizado a tiempo.

Víctor Julián había resultado gravemente herido en un accidente de tránsito y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la Clínica de Alta Complejidad de La Dorada.

Su estado era crítico.

Durante los primeros días, la atención fue cubierta por el SOAT. Sin embargo, cuando el caso pasó a manos de Nueva EPS, comenzaron —según la familia— las demoras en la autorización del procedimiento y en la remisión a un hospital donde pudiera practicarse la cirugía que necesitaba con urgencia.

La madre del menor, Claudia Patricia Soto Londoño, había alertado en reiteradas ocasiones sobre la situación, insistiendo en que el tiempo era determinante para salvarle la vida. Pese a los llamados públicos, el traslado nunca se concretó.

Familiares, amigos y ciudadanos se movilizaron durante semanas en redes sociales y otros espacios, exigiendo respuestas y celeridad en la atención. Sin embargo, el desenlace fue fatal.

Los allegados del joven responsabilizan directamente a la EPS por la falta de oportunidad en la atención y pidieron a las autoridades investigar lo ocurrido.

Más allá del caso individual, la muerte de Víctor Julián se suma a una larga lista de denuncias en el país por retrasos en autorizaciones, entrega de medicamentos y acceso a procedimientos especializados.