La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó un contundente mensaje contra la criminalidad en la región al término del Consejo de Seguridad realizado este viernes en Neiva y presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“La región del Tolima y el Huila no son departamentos para la extorsión ni refugio para los delincuentes; aquí lo único que debe florecer es el café, la música y el folclor”, afirmó la mandataria, tras el encuentro en el que participaron autoridades militares, policiales y representantes institucionales de ambos departamentos.

Durante su intervención, Matiz explicó que uno de los principales temas abordados en el consejo fue el aumento de delitos como el homicidio y el sicariato en varias zonas del Tolima. Frente a esta situación, anunció la conformación de un grupo élite que trabajará de manera articulada con la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa.

“Vamos a fortalecer mucho el tema de inteligencia para capturar a los sicarios que están cometiendo homicidios en nuestra región”, aseguró la gobernadora.

Otro de los puntos analizados fue la extracción ilegal de metales en el sur del Tolima, actividad que, según indicó la mandataria, estaría siendo controlada por estructuras de disidencias de las Farc en municipios como Ataco.

Matiz denunció que estos grupos ilegales cobran entre $5 y $8 millones por el ingreso de maquinaria amarilla a la zona, además de exigir un porcentaje cercano al 15 % sobre la extracción ilegal de oro.

La gobernadora aseguró que el mineral extraído en Ataco es altamente apetecido debido a su pureza, que alcanzaría el 99 %, situación que ha incrementado el interés criminal sobre ese territorio.

“Vamos a articular acciones con la Fuerza Pública y las demás instituciones para combatir este flagelo que afecta al sur del departamento”, señaló.

En materia electoral, Adriana Matiz también entregó detalles sobre el dispositivo de seguridad que se desplegará para las próximas elecciones presidenciales.

Según indicó, en el Tolima estarán habilitadas más de 3.600 mesas y 524 puestos de votación, los cuales serán custodiados por cerca de 1.450 hombres de la Policía y el Ejército Nacional.

“Lo más importante es que quedó absolutamente claro que vamos a garantizar el ejercicio libre y democrático del voto de todos los ciudadanos”, puntualizó la mandataria departamental.