Momentos de alta tensión se viven este miércoles en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural de Ataco, donde un grupo de personas protagoniza una asonada contra la subestación de Policía, en medio de la creciente confrontación por los operativos contra la minería ilegal en el sur del Tolima.

Según reportes preliminares conocidos por este medio, varias personas, presuntamente vinculadas a actividades de extracción ilícita de oro, intentaron tomarse las instalaciones policiales.

Información entregada por fuentes señalan que detrás de la alteración del orden público habría influencia de integrantes de las disidencias de las Farc, particularmente del frente Ismael Ruiz, estructura que desde hace meses viene siendo señalada de controlar buena parte de la minería ilegal en Ataco y municipios vecinos.

Incluso, versiones preliminares indican que al menos cinco presuntos disidentes estarían liderando las acciones y promoviendo la confrontación contra la Fuerza Pública.

La situación ocurre en un territorio que desde hace semanas permanece bajo fuerte presión de las autoridades ambientales, militares y policiales.

Precisamente, en marzo pasado, un megaoperativo adelantado por Cortolima, el Ejército, la Policía y la Fiscalía permitió la destrucción de retroexcavadoras, motores industriales y otros equipos utilizados para extracción ilegal de oro en Ataco y Coyaima.

Durante esa intervención ya se había registrado un intento de asonada por parte de habitantes de la zona que buscaban impedir los procedimientos.

De acuerdo con información revelada recientemente por la Dirección de Carabineros, el frente Ismael Ruiz estaría cobrando hasta un 10% sobre el oro extraído y millonarias sumas por permitir el ingreso de maquinaria pesada a los puntos de explotación.

Santiago Pérez aparece como uno de los principales corredores logísticos de esta economía ilegal, actividad que además deja graves afectaciones ambientales sobre los ríos Atá, Amoyá y Saldaña.

Hasta el momento no se reportan uniformados lesionados, mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades departamentales sobre la situación de orden público que se mantiene en desarrollo.