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Comunidad de zona rural del Líbano exige intervención urgente en vía en estado crítico

La carretera presenta un estado crítico de abandono, con huellas vehiculares que alcanzan hasta los 90 centímetros de profundidad, sin base adecuada, sin cunetas y sin mantenimiento en los últimos años.
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6 Mayo 2026 - 8:47 COT por Ecos del Combeima

Un llamado desesperado hicieron los habitantes del corregimiento de San Fernando, en el municipio del Líbano (Tolima), ante el grave deterioro de la vía El Cruce – San Fernando, la única conexión terrestre que tienen con el casco urbano y otras zonas del departamento. A través de un documento fechado el 6 de mayo de 2026, la comunidad advirtió sobre un riesgo inminente para la vida, la salud y la economía campesina.

Según denunciaron, la carretera presenta un estado crítico de abandono, con huellas vehiculares que alcanzan hasta los 90 centímetros de profundidad, sin base adecuada, sin cunetas y sin mantenimiento en los últimos años, lo que la convierte prácticamente en intransitable, especialmente en temporada de lluvias.

El impacto sobre la comunidad es alarmante. De acuerdo con el documento, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres gestantes no pueden acceder a servicios médicos oportunos, lo que pone en riesgo sus vidas. Asimismo, la imposibilidad de transportar productos agrícolas está generando pérdidas económicas significativas para las familias campesinas.

A esto se suma la afectación en la educación, ya que niños y jóvenes enfrentan serias dificultades para desplazarse a sus centros educativos, aumentando el aislamiento de la población. Además, los constantes atascamientos de vehículos elevan el riesgo de accidentes y volcamiento.

Ante este panorama, la comunidad elevó peticiones concretas a las autoridades locales, departamentales y nacionales, solicitando visitas técnicas, intervenciones de emergencia, asignación de recursos y la inclusión de la vía en programas de infraestructura vial.

Finalmente, los habitantes advirtieron que, ante la falta de respuesta institucional, acudirán a mecanismos legales como acciones de tutela, derechos de petición y denuncias públicas, con el fin de exigir soluciones de fondo a una problemática que, aseguran, lleva años sin ser atendida.