Un difícil inicio de año están enfrentando decenas de habitantes de la zona rural del Tolima debido a un repentino y significativo incremento en el avalúo catastral de sus predios.

Ecos del Combeima conoció esta situación tras dialogar con varios alcaldes del departamento, quienes reportan una creciente inconformidad en sus municipios por el impacto económico que representa el ajuste catastral para los propietarios rurales.

La medida se desprende del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que estableció, por única vez, un mecanismo para reducir el rezago en los avalúos catastrales en zonas donde esta información no se actualizaba desde hace cinco, diez o incluso más de quince años.

De acuerdo con la Resolución 2057 de 2025, que define los porcentajes de incremento en el avalúo catastral, los municipios del Tolima impactados son Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, Dolores, El Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Prado, Purificación, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle del San Juan y Venadillo.

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El alcalde de Lérida, Luis Carlos Amézquita, quien ha liderado los reparos frente a esta situación, explicó que los municipios no son responsables de los nuevos valores fijados para los predios rurales, sino el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada del proceso técnico.

Según explicó el mandatario, en su municipio se han presentado casos como el de una finca de 95 hectáreas cuyo avalúo pasó de $133 millones a $530 millones, un incremento significativo.

Situaciones similares se estarían registrando en otras zonas del departamento, con variaciones que dependen de la ubicación, el uso del suelo y los criterios técnicos aplicados en la actualización catastral.

"La preocupación es que nos están echando la culpa de ese incremento en el avalúo catastral a los municipios, lo que no es cierto", afirmó Amézquita.

Otro de los temores de los alcaldes es que muchos propietarios no cuenten con la capacidad económica para asumir el nuevo impuesto predial derivado de estos avalúos, lo que podría incrementar la cartera morosa y afectar las finanzas.

Ante este panorama, muchos temen que la actualización catastral termine convirtiéndose en una carga insostenible para el campo tolimense y en un problema fiscal para los municipios.