Una grave situación económica y administrativa estarían enfrentando más de 80 contratistas del municipio de Coyaima, Tolima, quienes denuncian que desde hace dos meses no habrían recibido sus pagos.

Algunos de los afectados, quienes tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, hablaron con Ecos del Combeima y relataron las dificultades por las que atraviesan.

“Llevamos dos meses sin recibir el pago de los honorarios. Ellos manifiestan que no hay saldo, que no tienen plata para pagar. Pero eso es falso, porque cuando le hacen a uno un CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), eso quiere decir que el presupuesto está asegurado”, explicó uno de los denunciantes, quien pidió mantener su identidad en reserva.

De acuerdo con este contratista, la situación es crítica para muchas personas que viven del salario que se deriva de sus contratos de prestación de servicios.

“Hay madres cabeza de familia, personas que vienen del campo, que no tienen cómo costear los gastos diarios para poder trabajar”, afirmó.

La situación de estos contratistas no es sencilla. La gran mayoría de ellos vendrían ejerciendo labores de la pasada administración de Oswaldo Mauricio Alape y, tras la llegada de Luis Orlando Ortiz, habrían empezado a tener problemas con los pagos.

Por su parte, una segunda fuente con conocimiento de la administración anterior indicó que al momento del cambio de gobierno, los recursos estaban asegurados y disponibles en los bancos.

Según explicó, los contratos actuales cuentan con respaldo presupuestal asignado por el Sistema General de Participaciones y se tendrían recursos en cuentas por un saldo aproximado de $2.900 millones.

También denunció presuntas irregularidades en la recepción de documentos por parte de la Alcaldía, especialmente desde que se cambió el personal a cargo de la ventanilla única.

Hasta el momento, Ecos del Combeima conoció que algunos contratistas han interpuesto tutelas para reclamar sus derechos, mientras otros han optado por enviar oficios a las autoridades correspondientes.

Entretanto, los afectados esperan acompañamiento por parte de los entes de control.