El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui hizo un llamado al Gobierno entrante para que realice una revisión integral del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una de las contrataciones más importantes en materia de defensa adelantadas por el Gobierno saliente, antes de comprometer $800 mil millones de recursos públicos en su primera fase y una inversión proyectada de hasta $6,3 billones en etapas posteriores.

La solicitud se fundamenta en el propio cronograma publicado por el Ministerio de Defensa el pasado 19 de marzo de 2026, en el que se informó que el proceso culminaría con la celebración del contrato el 7 de mayo de 2026. Sin embargo, más de dos meses después de la fecha prevista, la contratación continúa sin concluir, lo que plantea interrogantes sobre las razones del retraso y las modificaciones que pudo haber sufrido el proceso.

“No estamos cuestionando la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Colombia necesita con urgencia un sistema eficaz para enfrentar la creciente amenaza de los drones. Lo que estamos pidiendo es que el nuevo Gobierno no firme a ciegas un proceso estructurado por la administración saliente sin verificar que cumple con los más altos estándares de transparencia, competencia y conveniencia para el país”, afirmó Uscátegui.

El congresista recordó que el proyecto Escudo Nacional Antidrones fue presentado como un proceso de selección internacional para la adquisición de sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas, convocando empresas de decenas de países y anunciando un cronograma público para la evaluación tecnológica y posterior contratación.

No obstante, considera indispensable que el Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto revise aspectos fundamentales antes de continuar con la adjudicación, entre ellos:

⦁ Las razones por las cuales el cronograma oficial no se cumplió y el proceso continúa abierto varios meses después de la fecha prevista para la firma del contrato.

⦁ Las condiciones bajo las cuales se desarrolló la evaluación de las diferentes empresas participantes y la garantía de igualdad de oportunidades para todos los oferentes.

⦁ La coherencia entre las especificaciones técnicas inicialmente planteadas y las necesidades operacionales actuales de la Fuerza Pública frente a la evolución de las amenazas con drones.

⦁ La conveniencia financiera de un contrato que inicia con una inversión cercana a $800.000 millones, pero que, según declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa, podría alcanzar aproximadamente $6,4 billones en sus fases posteriores.

Uscátegui advirtió además que el Escudo Nacional Antidrones hace parte de un paquete de adquisiciones estratégicas anunciadas por el Gobierno saliente, dentro de una inversión superior a

$40 billones, que incluye la compra de aeronaves de combate Gripen, más de cien aeronaves adicionales, vehículos blindados, embarcaciones militares y otros programas de modernización de la Fuerza Pública.

“El Gobierno entrante heredará algunas de las decisiones más importantes en materia de defensa de las próximas décadas. Precisamente por su enorme impacto estratégico y fiscal, cada una de ellas debe ser revisada con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero. No se trata de frenar la modernización de nuestras Fuerzas Militares, sino de garantizar que cada peso invertido fortalezca realmente la seguridad nacional y responda exclusivamente al interés de Colombia”, señaló.

El representante anunció que continuará ejerciendo control político sobre este proceso y solicitó que, antes de adoptar cualquier decisión definitiva, el Gobierno entrante ordene una revisión independiente que permita brindar plena confianza a la ciudadanía sobre una contratación de alto impacto para la defensa y la seguridad nacional.