Académicos, exmagistrados de altas cortes, juristas, líderes sociales, personas defensoras  de derechos humanos y ciudadanos provenientes de diversos sectores de la vida nacional, pidieron al registrador, Hernán Penagos, la adopción de las máximas garantías de transparencia, seguridad, auditabilidad y trazabilidad en el proceso electoral presidencial de 2026. 

Para los más de 600 colombianos que suscriben la comunicación, la democracia colombiana requiere que cada voto sea protegido y que cada etapa del proceso electoral pueda ser explicada, verificada y auditada. Aunque el preconteo no tiene carácter, su impacto público es decisivo, pues orienta la percepción ciudadana sobre los resultados electorales. Si bien los efectos vinculantes provienen de los escrutinios, pero ello no elimina la necesidad de que la etapa del preconteo sea segura, transparente y verificable.  

La misiva indica que los antecedentes recientes aconsejan actuar con especial rigor. En relación con las elecciones al Congreso de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, dejó constancia de inconsistencias en el preconteo y reconoció que, según la Misión de Observación Electoral, no fueron tenidos en cuenta en esa fase 659.539 votos para Senado y 271.883 votos para Cámara de Representantes. 

“Esos hechos para que no propicien profundizar desconfianza en los electores, deben ser utilizados como una oportunidad para fortalecer preventivamente el sistema antes de la próxima elección presidencial” señalan los voceros sociales.

También es necesario recordar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 8 de febrero de 2018, dentro de los procesos relacionados con la elección al Senado 2014-2018. En esa decisión, el Consejo de Estado exhortó a la Organización Electoral “para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección”, señala la carta. 

Esta exhortación tiene plena importancia institucional y de fortalecimiento del sistema democrático; sin embargo, transcurridos ocho años dicha exhortación no ha sido acogida. 

Cuidar los votos

Las próximas elecciones presidenciales requieren la máxima transparencia electoral. “Por ello, respetuosamente, y con gran sentido patriótico, solicitan al Registrador 

1. Ordenar de manera urgente una auditoría integral previa, amplia, preventiva y posterior forense de los sistemas tecnológicos asociados al preconteo, escrutinio, consolidación, transmisión y divulgación de resultados, realizada por una firma internacional especializada de alta confiabilidad por su experticia, autonomía e independencia. 

2. Habilitar una revisión técnica controlada de los componentes críticos del sistema, en ambiente seguro, con cadena de custodia, control de acceso y preservación de evidencia digital. 

3. Publicar el protocolo de la auditoría integral, con metodología, alcance, etapas, responsables, criterios de evaluación y mecanismos de seguimiento, concediendo un espacio de intervención ciudadana, antes de su adopción. Como una contribución al logro de los anteriores propósitos, anexamos “un Documento Técnico Orientativo” que contiene los elementos mínimos que, conforme a buenas prácticas de auditoría forense, ciberseguridad, trazabilidad y cadena de custodia digital, para que sean tenidos en cuenta en el protocolo a adoptar por la Registraduría y dirigido a la auditoría forense integral internacional. 

4. Garantizar la participación igualitaria de todas las fuerzas políticas y candidaturas, mediante delegados técnicos acreditados, sin discriminación ni trato preferencial, en el proceso de auditaje. 

5. Presentar al país una versión pública del informe de auditoría, que explique los hallazgos, riesgos identificados, medidas correctivas adoptadas y nivel de preparación tecnológica del sistema, reservando únicamente aquello cuya divulgación pueda comprometer la seguridad del proceso. 

6. Avanzar en el cumplimiento efectivo de la exhortación del Consejo de Estado de 2018, en el sentido de que el software electoral sea adquirido, gobernado y controlado desde y para el Estado, con trazabilidad completa desde la mesa de votación hasta la declaratoria oficial de la elección.