“Su silencio nos hace más daño que lo que ocurre con la minería ilegal”: Isaza al presidente Petro
La representante a la Cámara Delcy Isaza se refirió a la situación de minería ilegal en el municipio de Ataco y cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional frente a la problemática que enfrenta esta zona del sur del Tolima.
Sus declaraciones se conocen luego de los operativos adelantados esta semana por la fuerza pública en el corregimiento de Santiago Pérez, donde se desarrollaron acciones contra la extracción ilegal de oro y posteriormente se registraron disturbios y una asonada contra unidades del Ejército y la Policía.
Frente a esta situación, Isaza aseguró que el panorama que vive Ataco es “supremamente doloroso” y señaló que gran parte de las personas vinculadas a esta actividad provienen de otras regiones del país.
“Mucho de lo que está ocurriendo allá lo está haciendo gente que ni siquiera es del departamento del Tolima, que han llegado por necesidades, que han llegado por falta de oportunidades de otras regiones”, afirmó la congresista.
La representante también advirtió sobre las consecuencias ambientales, sociales y de seguridad derivadas del crecimiento de la minería ilegal en esta zona del departamento.
Isaza cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro y a sectores políticos que, según dijo, habían defendido causas ambientales en el pasado.
“Lo que aquí más lamento es el silencio casi cómplice del presidente de la República”, sostuvo.
Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a varias carteras ministeriales para que intervengan frente a la situación que enfrenta el sur del Tolima.
“Esta no es una condición aislada, conozco que esta problemática viene afectando al país en varias regiones, pero su silencio nos hace más daño incluso que lo que ocurre en el territorio en este momento”, afirmó.
La situación de minería ilegal en el sur del Tolima ha venido creciendo durante el último año. Recientemente, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que existe una caracterización de cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en esta región y más de 300 retroexcavadoras utilizadas para esta actividad.