La representante a la Cámara, del partido de la U, Saray Robayo Bechara, anunció formalmente su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP, encargada de emitir conceptos sobre las operaciones de endeudamiento externo de la Nación.

De acuerdo con Robayo Bechara, la decisión obedece principalmente a la inconformidad frente a la negación del Ministerio de responder sus reiteradas solicitudes de información detallada sobre las operaciones de crédito público que fueron sometidas a concepto favorable y posteriormente ejecutadas por el gobierno. 

Según la Congresista, la última actualización la recibieron en el mes de septiembre de 2025, pero los Congresistas que hacen parte de la Comisión requirieron las operaciones en detalle para conocer el estado de la caja en dólares de la Nación y así garantizar el pago de la deuda externa, sin excederse en su competencia. 

El Ministerio de Hacienda ha citado a la Comisión de Crédito Público posterior al mes de septiembre, pero en ninguna de las sesiones respondió a la información según los requerimientos solicitados por los Congresistas. 

“Esta información es fundamental para la toma de decisiones que beneficien al país y en nosotros recae la responsabilidad fiscal de la nación” expresó la Representante.

Adicionalmente, afirmó que “son reiterados los errores procedimentales en los que ha incurrido el Ministerio de Hacienda durante el desarrollo de las sesiones de la Comisión, situaciones que he venido evidenciando y documentando, tanto de manera verbal como escrita en las sesiones ante las instancias correspondientes, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta satisfactoria, puntualizó. 

La congresista aseguró, que la participación en la CICP solo tiene sentido en la medida en que se garanticen las condiciones mínimas para ejercer una labor de control efectiva. Sin acceso oportuno a la información, sin claridad jurídica en los procedimientos y sin una interlocución técnica seria por parte del Ministerio, la presencia en la Comisión se convierte en una formalidad que no contribuye a proteger los recursos públicos ni los intereses de los colombianos, subrayó.

La representante igualmente manifestó que continuará ejerciendo su función de control político sobre el endeudamiento público desde los demás escenarios institucionales a su disposición.