El senador Miguel Barreto será el encargado de radicar el Proyecto de Ley que flexibiliza las reglas para la importación y comercialización de gas natural en Colombia.

Este miércoles a las 10:00 de la mañana, en la Sala de Prensa del Senado de la República, será presentado un proyecto de ley que pretende flexibilizar las reglas para la importación y comercialización de gas natural en Colombia. La propuesta tiene como objetivos principales estabilizar los precios para los usuarios, asegurar el suministro continuo de este energético y respaldar la generación eléctrica en escenarios de contingencia.

El articulado contempla mecanismos específicos como la recuperación tarifaria únicamente en contratos de gasificación con una duración mínima de diez años, lo que permitiría mayor estabilidad y previsibilidad en los costos. Asimismo, se establece la migración del transporte a un esquema de estampilla nacional en un plazo máximo de seis meses, lo que implicaría un cambio estructural en la forma en que se calculan los costos del servicio.

Otro de los puntos centrales es la creación de canastas tarifarias que incluyan toda la cadena de valor: suministro, transporte y distribución. También se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expedir en un plazo de hasta dos años una nueva metodología tarifaria de transporte, ajustada a la realidad del mercado y a las necesidades de los consumidores.

La exposición de motivos advierte que Colombia pasó de ser autosuficiente a convertirse en importador de gas. Durante 2025, el país ya adquirió cerca de 170 GBTUD, equivalentes al 17% del consumo nacional. Para 2026 se proyecta un déficit de 206 GBTUD, lo que podría generar presiones inflacionarias si no se regula de manera adecuada la oferta y el transporte de este energético.

El documento señala además que el gas natural es la alternativa más competitiva en el marco de la transición energética, debido a que emite bajas cantidades de CO₂ —aproximadamente 2,8 millones de toneladas frente a 279 millones de toneladas totales del país— y contribuye a mitigar la intermitencia de las fuentes renovables.

Según los autores del proyecto, la propuesta no genera impacto fiscal directo ni presenta conflictos de interés para su trámite en el Congreso. Sin embargo, advierten que, de no adoptarse regulaciones, los usuarios residenciales e industriales podrían enfrentar alzas desproporcionadas en las tarifas, considerando que actualmente el país depende en gran medida de la única terminal de importación ubicada en Cartagena.