Hay datos que incomodan porque obligan a pensar más allá del discurso. Uno de ellos es contundente, según cifras del DANE, a enero de 2026 Colombia completa cinco años con más personas ocupadas en el sector de administración pública, defensa, educación y salud (2,7 millones) que en la industria manufacturera (2,5 millones). No es una curiosidad estadística, es una advertencia estructural.

El debate no puede reducirse al simplismo de afirmar que “hay demasiada gente viviendo del Estado”. Ese enfoque, aunque provocador, es insuficiente. La educación, la salud y la seguridad no son gastos prescindibles; son condiciones básicas de cualquier economía funcional. Sin capital humano, sin bienestar y sin orden institucional, no hay crecimiento posible.

El verdadero problema es más incómodo y menos ideológico. La realidad es que Colombia tiene una economía productiva demasiado débil para sostener el tamaño, el ritmo y la lógica de crecimiento de su propio Estado.

La polémica por la financiación de más de 8.000 millones de pesos para una producción audiovisual, en medio de un déficit fiscal cercano a los 12 billones. Los miles de contratos de prestación de servicios, los gastos en logística, maquilladores, viáticos, imagen y estructuras paralelas. El problema no es el cine, ni la cultura, ni la comunicación o imagen institucional. El problema es la desconexión entre las prioridades del gasto público y la realidad económica del país. 

Esto no es keynesianismo, invocar Keynes para justificar el crecimiento del gasto público es, en este contexto, una lectura superficial y conveniente de su teoría. El keynesianismo plantea que el Estado debe intervenir, sí, pero de manera estratégica y orientada a dinamizar la economía real a partir de inversión en infraestructura, estímulos a la demanda agregada, impulso a sectores productivos. No a la expansión indiscriminada de la burocracia ni a la contratación masiva sin retorno económico claro.

Lo que Colombia ha venido experimentando en los últimos meses, especialmente en episodios evidentes de contratación acelerada antes de restricciones como la ley de garantías, no responde a una lógica de política económica, sino a una práctica de corto plazo más cercana a la política clientelista que a la planificación estratégica. Es gasto, sí, pero no es inversión. Es empleo, sí, pero no empleo que genere productividad o competitividad.

La teoría económica es clara, el Estado no genera riqueza en el sentido clásico del mercado; la redistribuye. Como lo planteaba Thomas Sowell, el gobierno no tiene recursos propios, todo lo que gasta proviene de la actividad económica de ciudadanos y empresas. Por eso, la sostenibilidad del Estado depende inevitablemente de la fortaleza de su base productiva y de lo que aportamos todos (ciudadanos y empresas).

Colombia no tiene una economía industrial por el contrario tenemos una economía de servicios, con una industria que ha perdido peso relativo en las últimas décadas. Mientras economías como Alemania, Corea del Sur o China consolidaron su desarrollo sobre la base de sectores manufactureros robustos, exportadores y tecnológicamente sofisticados, Colombia sigue atrapada en una estructura de baja transformación productiva y alta informalidad. Más del 50% del empleo es informal, lo que limita la capacidad de recaudo, reduce la productividad y debilita la sostenibilidad fiscal.

El problema no es que el Estado exista o incluso que crezca. El problema es que crece en gastos burocráticos sin que la economía crezca con la misma profundidad productividad y competitividad. Y esa desconexión tiene consecuencias inevitables en mediano plazo.

Cuando el empleo público crece más rápido que el empleo productivo, cuando la contratación aumenta sin traducirse en mayor capacidad exportadora, cuando el gasto no se convierte en productividad, el modelo empieza a fracturarse. Y no de inmediato, sino de forma silenciosa, acumulativa y muchas veces irreversible.

La evidencia internacional es clara. Los países que han logrado niveles sostenidos de prosperidad no son aquellos que eliminaron el Estado, sino aquellos que construyeron economías altamente productivas, innovadoras y exportadoras. Suiza, Irlanda o Singapur no son ejemplos de austeridad extrema, sino de eficiencia económica. En contraste, las economías donde el gasto público crece sin respaldo productivo terminan enfrentando estancamiento, inflación o crisis fiscal como en el caso de Argentina y Venezuela.

Colombia está en ese punto de inflexión. El país creciendo de a poco, sí, pero lo hace sobre bases frágiles: baja productividad, escasa diversificación exportadora y una estructura económica que no logra dar el salto hacia mayor valor agregado y generación de empleo de calidad.

Eso implica repensar la política industrial, impulsar la competitividad, dinamizar las exportaciones no minero-energéticas (que siguen estancadas), reducir la informalidad y atraer inversión hacia sectores estratégicos. Implica, en esencia, dejar de administrar la escasez y empezar a construir riqueza.

Al final la pregunta no es quién vive del Estado. Esa es una discusión superficial, la verdadera pregunta, la incómoda, la que nadie quiere responder es otra: ¿Qué tan fuerte es la economía que está financiando semejante nivel de gasto, burocracia y expansión estatal?