Es una premisa que recoge el sentimiento silencioso de millones de compatriotas que hoy ven la seguridad no solo como un asunto de orden público, sino como condición básica para cualquier proyecto de vida.

En medio del cierre electoral de 2026, cuando la discusión nacional intentó centrarse en el decretazo del salario mínimo y otras narrativas coyunturales que se esfumaron en el tiempo y en las mismas calles; la seguridad como condición para la vida, terminó imponiéndose como el verdadero termómetro político regional y nacional. No por estrategia de campaña sino por la fuerza de los hechos.
Cifras conocidas recientemente en La Noche de NTN-24, evidenció una realidad muy preocupante cuando cerca de 160 municipios presentan situaciones críticas de inseguridad y donde aproximadamente 700 de los 1.123 municipios del país, tienen presencia o incidencia de grupos armados ilegales, con más de 25.000 integrantes. No es mera percepción, es una radiografía territorial que señala un incremento del 45% con relación a las pasadas elecciones de 2022 que eligieron al actual gobierno.

Cuando la violencia se expande la economía se contrae, y cuando se instala el miedo la inversión se retrae; al igual que cuando el Estado pierde control territorial, la democracia se resiente. Por ello, no es casualidad que la seguridad se haya convertido en el verdadero talón de Aquiles del gobierno nacional y bandera de su oposición. El tiempo terminó profundizando la inseguridad y la desprotección territorial.

Aunque no ha sido una posición cómoda ni calculada, sí ha cobrado especial relevancia la postura clara y frontal asumida por la gobernadora del Tolima. Ha sido un altavoz regional que decidió no guardar silencio frente al deterioro del orden público nacional; que incluso siendo menospreciada públicamente por el presidente de la República en su propio territorio, no se achicopaló como dicen en mi tierra y optó por convertirse en vocera de las regiones, abrazando la seguridad territorial con autoridad, con esa misma autoridad que también le otorgó el poder popular departamental.

Mientras algunos candidatos evaden el tema seguridad, o la reducen a una consigna retórica; desde el Tolima su gobernadora ha planteado con claridad, que la seguridad no es asunto ideológico sino estructural, y deja entrever que no se trata de ¨matizar¨ un discurso, sino de garantizar condiciones mínimas para la educación, la transformación agrícola, la movilidad y la inversión.

Hablar de seguridad exige conocimiento del territorio. Exige haber caminado veredas escuchando campesinos y comerciantes, haber conversado con quienes saben que sin tranquilidad no hay cosecha que prospere. Exige entender que el desarrollo económico y social, depende de un entorno seguro y eficiente.

Por eso la frase “Con seguridad todo y sin seguridad nada” hoy funciona como un polígrafo político que mide coherencia, compromiso y capacidad de decisión. Mide a quiénes han asumido riesgos y/o a quienes han preferido la comodidad del discurso abstracto.

El elector colombiano, silencioso pero no ingenuo, sabe claramente que sin control territorial no hay inversión, y que sin presencia social y efectiva del Estado no hay futuro. Y en ese escenario, el liderazgo regional que ha tenido la valentía de poner el tema sobre la mesa, empieza a marcar diferencia. Por eso las regiones reclaman que la seguridad vuelva a ser política de Estado y no simple narrativa coyuntural.

El Tolima ha decidido hablar desde la regiones recordando que sin seguridad no hay crecimiento, ni desarrollo, ni paz total. Que en democracia y con seguridad se puede todo, pero sin seguridad, nada.