Cuando una entidad del Estado respalda sus intereses, es “democrático”. Cuando no, pasa a ser “golpista”, “antipopular” o parte de un supuesto complot. Esa lógica es peligrosa, porque no pretende construir ciudadanos respetuosos ante la ley, los quiere obedientes.

Nuestro país no es —ni puede convertirse— en un Estado de hecho, donde las reglas se acomodan según el proyecto político del momento. Somos, todavía, un Estado social de derecho. Esto significa algo elemental pero profundo: todos, incluso los más poderosos, estamos sometidos al imperio de la ley.

El CNE no inventó una sanción por capricho. Aplicó la ley 1475 de 2011 que busca evitar que una misma persona participe en múltiples consultas en un mismo proceso electoral o para la misma campaña. Puede gustar o no. Puede debatirse jurídicamente. Pero mientras esté vigente, debe cumplirse. Así funciona un Estado serio.

Lo preocupante no es solo la inconformidad —legítima en democracia—, sino los ataques a los magistrados, la descalificación de la institucionalidad y discursos que sugieren que las reglas deben doblarse cuando afectan al “proyecto del cambio”.

Es tan obtuso el pensamiento de los fanáticos de izquierda, que el propio Iván Cepeda ha llegado a hablar de cerrar el Consejo de Estado. Otros voceros del gobierno han atacado a la Corte Constitucional, al CNE y a jueces que no avalan sus decisiones. El mensaje es muy claro, quieren un Estado que baile al ritmo de su ideología.

Las instituciones no existen para complacer gobiernos. Existen para establecer límites. Para poner frenos. Para garantizar que nadie —ni de derecha ni de izquierda— concentre el poder sin ningún tipo de control.

Entonces, es precisamente el sistema de pesos y contrapesos lo que protege a la sociedad del autoritarismo, incluso cuando ese autoritarismo viene disfrazado de discursos sociales.

Resulta paradójico, que quienes se jactan hablando de participación popular hoy reclamen porque una autoridad electoral aplica la ley. ¿Desde cuándo cumplir las normas es un acto antidemocrático?

Defender la decisión del CNE no es defender a un partido ni a una ideología. Es defender un principio básico: en Colombia no gobierna la voluntad de un sector, ni a la megalomanía de nuestro presidente, gobierna el ordenamiento jurídico.

Y finalmente, aunque a algunos les incomode, esa es la diferencia entre un Estado de derecho y un proyecto ideológico-político que no se sacia de poder.