La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, dio a conocer los resultados del informe “Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026”, elaborado por el Observatorio de Servicios Públicos con el propósito de hacer seguimiento a los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional, STN y del Sistema de Transmisión Regional, STR.

Se trata de un análisis del estado de ejecución de los proyectos de expansión, de las restricciones del Sistema Interconectado Nacional, SIN, reportadas por XM, y de los posibles efectos económicos y operativos derivados del atraso de la infraestructura de transmisión, con corte a mayo de 2026.

La principal conclusión del informe establece que el incumplimiento de las fechas de puesta en operación de los proyectos del STN y del STR se encuentra asociado principalmente a aspectos logísticos y técnicos de la ejecución de las obras, demoras en los trámites de licenciamiento ambiental y dificultades en la gestión predial y de servidumbres.

Sin embargo, la oportunidad en la ejecución de estos proyectos constituye un elemento determinante para la incorporación de nueva generación y el avance de la transición energética, dado que la disponibilidad de la infraestructura de transmisión condiciona la conexión de estas iniciativas al Sistema Interconectado Nacional.

A mayo de 2026, el informe encuentra que el 48,5 % de las restricciones identificadas (189 de 390) no presenta un proyecto de expansión asociado, y que el 94,9 % no cuenta con una obra en ejecución conforme al cronograma, lo que evidencia restricciones cuya atención aún no ha sido incorporada mediante obras de expansión del sistema.

Puntos clave del análisis técnico:

El costo de las restricciones del SIN —que los usuarios pagan a través de la tarifa— acumuló $58,9 billones entre 2008 y 2025. De ese total, $24,9 billones, equivalentes al 42,2 %, se concentraron en los últimos cuatro años del período, en línea con el aumento de los proyectos de expansión vencidos, que pasaron de cero en 2008 a 30 en 2025. 

El costo total llegó a un máximo de 8,34 billones de pesos en 2024 —7,2 veces el valor registrado en 2008— y, aunque descendió a 5,36 billones en 2025 por la normalización hidrológica, se mantuvo en un nivel 4,7 veces superior al de hace 18 años.

El área operativa Caribe concentra el 39,0 % de las restricciones identificadas, de las cuales setenta y tres (73) no cuentan con proyecto asociado, lo que implica una exposición diferencial de los usuarios de esa región.

La generación de seguridad fuera de mérito se despacha mayoritariamente por causales asociadas a la red de transmisión: entre 2008 y 2025 dicha participación osciló entre 54,3 % y 89,2 %, con un promedio de 71,4 %, lo que confirma que el estado de la infraestructura de transmisión constituye el principal determinante operativo de las restricciones del sistema. 

Existe una asociación estadísticamente significativa entre el número de proyectos de expansión vencidos y el costo total de las restricciones, aunque estas relaciones constituyen asociaciones estadísticas y no estimaciones de efecto causal.

La demanda comercial nacional creció 55,4 % entre 2008 y 2025, mientras el número de proyectos de expansión vencidos pasó de cero a treinta, lo que configura una brecha creciente entre los requerimientos de transporte y la capacidad efectivamente disponible.

Un número importante de proyectos del STR permanece pendiente de la definición del mecanismo de ejecución, por ausencia de manifestación de interés del operador de red (OR) o por superación de los plazos regulatorios previstos para dicha etapa.

Recomendaciones 

• Fortalecer los mecanismos de articulación entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los operadores de red (OR) y XM durante la formulación del Plan de Expansión, con el fin de analizar de manera conjunta la identificación de restricciones del sistema y los planes de expansión presentados por los OR, favoreciendo la definición e incorporación de proyectos que contribuyan a su mitigación o eliminación.

• Adelantar oportunamente el proceso de convocatoria previsto en la regulación para los proyectos del STR en los que se hayan superado los plazos establecidos para la manifestación de interés por parte del OR, con el fin de evitar retrasos adicionales en el inicio de la ejecución de las obras.

• Promover el desarrollo e implementación de mecanismos que contribuyan al cumplimiento oportuno de los plazos establecidos en la reglamentación vigente para los procesos de licenciamiento ambiental, con el fin de reducir los riesgos de retraso en la ejecución de los proyectos de expansión del STN y del STR.

• Fortalecer la articulación entre las entidades públicas y privadas involucradas en el desarrollo de los proyectos de expansión del STN y del STR, incluyendo las autoridades nacionales y territoriales, las autoridades ambientales y los demás actores competentes, con el propósito de contribuir a la gestión oportuna de los permisos, licencias y demás trámites requeridos.

• Evaluar ajustes al procedimiento regulatorio aplicable al seguimiento de los proyectos del STN, con el propósito de establecer mecanismos de alerta temprana que permitan tomar acciones antes de que se materialicen los atrasos en los proyectos.

• Priorizar el seguimiento de los proyectos cuyo atraso incide de manera directa sobre las restricciones del sistema, en particular aquellos localizados en las áreas operativas Caribe y Oriental, que concentran el mayor número de restricciones sin solución de infraestructura.

• Adelantar las gestiones necesarias para la definición del mecanismo de ejecución de las restricciones que no cuentan con proyecto asociado, las cuales representan el 48,5 % del total identificado.

• Evaluar la incorporación, dentro del análisis de las solicitudes de modificación de la FPO, de una estimación del sobrecosto en restricciones que el aplazamiento genera para la demanda, de modo que la decisión pondere de manera explícita el impacto económico sobre los usuarios.