En atención al cronograma establecido por la comisión primera se llevó a cabo en el municipio de Cali, Valle del Cauca, un espacio que permitió un diálogo cercano con los actores claves del sector educativo a quienes se les dio a conocer cómo la Reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, y la nueva Ley de Competencias buscan aumentar los recursos para educación, mejorar su distribución y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para garantizar el derecho a la educación en todo el país.

Entre los principales cambios se destacan el incremento progresivo de los recursos para educación, un nuevo modelo de distribución más equitativo y el fortalecimiento institucional de departamentos y municipios. Además, la reforma propone entender la educación desde la formación integral, que responda a las necesidades sociales, culturales y territoriales del país

La iniciativa parte de un diagnóstico que evidencia el rezago progresivo de los recursos destinados a educación durante las últimas décadas. Según las cifras expuestas por el Ministerio de Educación Nacional, la participación de las transferencias territoriales para educación frente a los ingresos corrientes de la Nación pasó de promedios superiores al 20 % entre 1994 y 2007, a niveles cercanos al 15 % desde 2018, generando un déficit acumulado superior a los 330 billones de pesos en transferencias para el sector.

A esto se suma la disminución sostenida de los recursos destinados a los distintos componentes que integran la canasta educativa diferentes al personal, cuyo valor real se redujo considerablemente entre 2013 y 2023. 

En materia de cobertura, las cifras oficiales revelan que más de 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes permanecían por fuera del sistema educativo en 2023, especialmente en territorios rurales, intermedios y con alta densidad étnica.

La proyección presentada indica que, de aprobarse el nuevo esquema, el SGP en total alcanzará una participación equivalente al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación hacia 2038, incrementando significativamente la capacidad de financiación del sistema educativo si este mantiene una participación porcentual similar a la que actualmente tiene en esta bolsa de transferencias.

Con esta propuesta, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de financiación más justo y sostenible que permita garantizar el derecho a la educación con enfoque territorial, cerrar desigualdades y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para responder a las necesidades de las comunidades educativas del país.