En una reunión, en la que expusieron la magnitud de la crisis humanitaria del sistema de salud en Colombia desde la perspectiva de los derechos humanos. Este hito demuestra las capacidades técnicas, jurídicas y estratégicas del movimiento para llegar a instancias internacionales en defensa de la salud y la vida de los pacientes, priorizando acciones concretas sobre discursos.

La delegación de Pacientes Colombia que asistió a la reunión en Washington D. C., Estados Unidos, estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes presentaron a la instancia interamericana un informe técnico de más de 80 páginas que documenta con pruebas cuantitativas, judiciales y gremiales la “crisis humanitaria inducida por el Gobierno nacional contra más de 50 millones de colombianos”.

El informe no es una denuncia común, sino un documento técnico de derechos humanos que evalúa la crisis sanitaria en Colombia desde la perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado. 

En él se analizan las vulneraciones de las obligaciones adquiridas en tratados como el Protocolo de San Salvador, que afectan a los derechos a la salud, la vida, la integridad personal y la dignidad humana, y que constituyen el marco jurídico de esta audiencia.

“Estamos ante un genocidio silencioso. La deuda del sistema pasó de 13 billones a más de 32 billones, hay más de 400 medicamentos sin abastecer, han cerrado más de 40 hospitales y las tutelas en salud se han disparado un 92 %. Los pacientes crónicos y los médicos están siendo sacrificados por una fuerza ideológica que prefiere destruir el sistema antes que financiarlo. Esta crisis no es técnica, sino una decisión política que está costando vidas colombianas. Que el mundo lo sepa: en Colombia, el derecho a la salud se ha convertido en una lotería de supervivencia”, indicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

El informe también documentó los incumplimientos reiterados del Gobierno nacional a los autos de seguimiento de la Corte Constitucional, incluido el auto 007 de 2025, que declaró la insuficiencia de la UPC y ordenó un reajuste que fue dilatado. Actualmente, se encuentra abierto un incidente de desacato contra el ministro de Salud por no transferir los 819 mil millones de pesos ordenados judicialmente para saldar deudas de ejercicios presupuestarios anteriores. 

La solicitud de declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales, ECI, respaldada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, fue denegada por la Corte en agosto de 2025, lo que dejó a los pacientes en un estado de indefensión absoluta que justifica acudir a la instancia internacional.

“Acudimos al Sistema Interamericano porque la vía interna está agotada. La Corte Constitucional no declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales, a pesar de las peticiones de la Procuraduría, la Defensoría y los pacientes. 

El Gobierno desacata las órdenes judiciales y viola los principios de progresividad y prohibición de regresividad consagrados en el Protocolo de San Salvador. Lo que vive Colombia es una responsabilidad internacional del Estado por omisión: tiene los recursos y la orden judicial, pero ha decidido usar la salud como moneda de presión política. La CIDH debe actuar porque los pacientes colombianos ya no tienen a quién recurrir dentro de su propio país”, confirmó Linda Castro, vocera jurídica de Pacientes Colombia.

En el informe presentado ante la REDESCA-CIDH se revelaron datos que configuran lo que las organizaciones de pacientes califican como un “genocidio silencioso por fuerza ideológica del Estado”:

• Deuda del sistema de salud: Pasó de $13 billones en 2022 a más de $32 billones en 2026 (un incremento del 146%), llevando el patrimonio del sistema a -$15,8 billones.

• Desabastecimiento de medicamentos: De menos de 100 tipos de fármacos en 2022 a más de 400 tipos en 2026, afectando a pacientes de diabetes, VIH, cáncer, enfermedades huérfanas y salud mental.

• Cierre de instituciones: Más de 40 IPS cerradas a nivel nacional en 2025-2026, dejando a miles de ciudadanos sin acceso al núcleo esencial del derecho a la salud.

• Explosión de tutelas: las acciones de tutela en salud pasaron de aproximadamente 250 mil en 2024 a aproximadamente 480 mil en 2026 (un aumento del 92 %) y los incidentes de desacato crecieron un 144 %.

• Peticiones, quejas y reclamos (PQR): aumentaron un 41 %, de 1,2 millones en 2022 a 1,7 millones en 2025.

Poblaciones en riesgo directo: más de 5,5 millones de pacientes con diabetes, 750 mil en tratamiento oncológico activo, 190 mil con VIH, 150 mil en diálisis, 100 mil con enfermedades huérfanas y entre 25 mil y 30 mil trasplantados se enfrentan a la interrupción de sus tratamientos.

“Los pacientes de alto costo somos rehenes de esta crisis. 750 mil pacientes oncológicos ven suspendidas sus quimioterapias, 150 mil personas en diálisis se enfrentan al cierre de unidades renales y los 30 mil trasplantados del país llevan meses sin inmunosupresores. Para un paciente con una enfermedad rara o un trasplante, la interrupción del tratamiento no es un trámite administrativo, es una sentencia de muerte. Somos víctimas de un abuso de poder que la Resolución 40/34 de la ONU reconoce como violación de los derechos humanos. Venimos a la CIDH a decir que en Colombia se muere por omisión del Estado, no por la enfermedad”, concluyó Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo.

Pacientes Colombia pidió a la CIDH que se adopten medidas cautelares colectivas para los pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas y de alto costo cuyos tratamientos se han interrumpido. 

Además, pidieron que el Relator Especial realice una visita de trabajo a Colombia para comprobar el colapso hospitalario, la situación en las cárceles y el colapso judicial, que se emita un informe temático sobre la regresión del derecho a la salud en el país y que se convoque una audiencia en el próximo período de sesiones, así como, que se otorguen garantías de protección a los defensores del derecho a la salud y que se reconozca formalmente como víctimas del sistema de salud a los pacientes vulnerados, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.