Pacientes Colombia, rechazó a la respuesta del Gobierno nacional durante la audiencia realizada en Ibagué, en el marco de la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima frente a la crisis de no pago y la grave afectación en la prestación de los servicios de salud en el departamento. 

La diligencia de pacto de cumplimiento fue convocada por el Despacho 2 del Tribunal Administrativo del Tolima. Durante este espacio, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES declararon no tener responsabilidad ni injerencia alguna en la crisis de salud que actualmente atraviesa el departamento del Tolima. 

Ante la negativa de estas cuatro entidades de orden nacional a reconocer su responsabilidad y a atender las pretensiones formuladas por la gobernadora Adriana Magali Matiz, promotora de la acción popular, el Tribunal declaró fallida la diligencia. En su decisión, recordó que un pacto de cumplimiento debe ser integral y no parcial, razón por la cual no fue posible avanzar en ningún acuerdo. Como consecuencia, no se concedió el uso de la palabra a los demás demandados, entre ellos varias EPS y entidades del orden regional. 

“Es indignante y alarmante la actitud del Gobierno nacional, que evidencia una clara lavada de manos frente a la crisis estructural del Sistema de Salud. Como voceros de los pacientes, rechazamos que no solo se haya negado la posibilidad de construir un pacto de cumplimiento para avanzar en soluciones concretas, sino que además se haya desconocido la existencia misma de la crisis, pese a los reiterados pronunciamientos y órdenes de la Corte Constitucional. Esta postura demuestra el abandono del que hoy somos víctimas miles de pacientes en todo el país, quienes sufrimos de manera directa las consecuencias de decisiones erradas, la mala gobernanza y la falta de voluntad política para asumir responsabilidades y ofrecer soluciones reales en los territorios”, señaló Denis Silva, vocero del Movimiento Pacientes Colombia.  

La situación en el Tolima es crítica

La Gobernación ha reportado un déficit superior a $1,12 billones, lo que convierte esta acción popular en una de las más relevantes a nivel territorial, puesto que involucra a todos los municipios, hospitales, clínicas e IPS del departamento, que hoy enfrentan una afectación financiera y operativa profunda. Pese a la magnitud del daño y a la evidencia presentada, el Gobierno nacional negó cualquier responsabilidad en la crisis.  

Esta falta de respuesta ya tiene consecuencias concretas para los pacientes: cierres de servicios, demoras en la atención, interrupción de tratamientos, nuevas barreras de acceso y, en muchos casos, ausencia total de servicios de salud. Lo que ocurre hoy en el Tolima no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis nacional que se reproduce en los territorios. 

Además, resulta especialmente grave que esta situación se presente en el departamento de origen del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta ahora se adopten medidas concretas para garantizar la protección de los pacientes y usuarios. 

“Por ello, exigimos al Gobierno nacional que dé la cara, reconozca la crisis del Sistema de Salud y asuma su responsabilidad. Es urgente que se adopten acciones inmediatas y coordinadas para garantizar el derecho fundamental a la salud de los pacientes. Negar la crisis no la hace desaparecer; por el contrario, profundiza sus efectos sobre la vida y la dignidad de millones de personas en el país”, concluyó Denis Silva.