Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red transnacional acusada de reclutar exmilitares colombianos para integrarse a las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, uno de los bandos enfrentados en la guerra civil sudanesa que estalló en abril de 2023. 

Según Washington, esta estructura facilitó el desplazamiento de cientos de colombianos hacia el conflicto, contribuyendo a una crisis humanitaria que ya figura entre las más graves del mundo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sancionó a cuatro individuos y cuatro entidades vinculadas a esta presunta red. El Departamento del Tesoro afirmó que estas organizaciones reclutaban a exmilitares colombianos y entrenaban a combatientes, incluidos niños, para integrarse a las RSF. 

John Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que el objetivo es frenar a grupos que “atacan a civiles, incluidos bebés”, y cuya brutalidad ha desestabilizado aún más la región, generando condiciones que facilitan la expansión del terrorismo.

De acuerdo con Washington, desde septiembre de 2024 cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para operar drones, instruir a menores y apoyar batallas en distintas zonas, incluida la capital, Jartum. 

Las autoridades estadounidenses subrayan que esta movilización no habría sido posible sin la participación de empresas y personas, principalmente colombianas, que facilitaron logística, financiación y contratos para los combatientes. Las sanciones buscan cortar estos flujos y exponer las estructuras que permiten su funcionamiento.

Entre los señalados figura Álvaro Andrés Quijano Becerra, ciudadano colombiano e italiano, descrito como un militar retirado que reside en Emiratos Árabes Unidos y que habría cumplido un “papel central” en el reclutamiento y despliegue de colombianos hacia Sudán. 

Quijano cofundó en Bogotá la Agencia de Servicios Internacionales, A4SI, identificada como el “principal nodo de reclutamiento”. Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, gerente de A4SI, también fue sancionada por su rol en la operación mediante la firma panameña Global Staffing, creada para minimizar riesgos legales.

El Tesoro también incluyó a la agencia de empleo Maine Global Corp, dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, y a su gerente suplente, Mónica Muñoz Ucros. 

Según Washington, estas firmas manejaban pagos, transferencias y operaciones cambiarias con el apoyo de compañías estadounidenses, facilitando así los recursos necesarios para sostener el envío de combatientes colombianos. 

La Comercializadora San Benito, vinculada a Muñoz, también fue añadida a la lista OFAC y habría participado en transacciones relacionadas.