Una delicada denuncia sobre presuntas fallas en la atención médica tiene indignada a una familia tolimense, que asegura estar viendo cómo un adulto mayor se deteriora día tras día mientras espera autorizaciones urgentes por parte de la EPS Asmet Salud.

El paciente permanece internado desde hace varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, luego de sufrir un grave accidente ocurrido el pasado 24 de abril en el municipio de Rovira.

Según el relato entregado por su hija, Dalia Clavijo, el hombre sufrió severas lesiones en el brazo izquierdo, la columna vertebral y la médula espinal, siendo diagnosticado con trauma raquimedular, una condición que requiere atención especializada y procedimientos quirúrgicos prioritarios.

Sin embargo, la familia denuncia que, pese a la gravedad del caso, las cirugías y procedimientos necesarios no habrían sido autorizados oportunamente por la EPS, situación que estaría empeorando aceleradamente el estado de salud del paciente.

“Mi papá está postrado en una cama, perdiendo movilidad y cada día más deteriorado. Solo le suministran medicamentos para el dolor mientras pasan las horas y los días”, expresó angustiada la hija del adulto mayor.

Los familiares aseguran que han acudido a distintas entidades buscando respuestas y apoyo para agilizar la atención médica, pero afirman que hasta ahora no han recibido soluciones concretas frente a la situación.

La preocupación aumenta debido a que el paciente permanece inmovilizado y, según la familia, existe riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares o pulmonares producto de su delicado estado clínico y de la falta de intervención médica especializada.

El caso ha generado indignación y nuevos cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de algunas EPS frente a pacientes en estado crítico, especialmente cuando las autorizaciones médicas se convierten en un obstáculo en medio de situaciones donde el tiempo resulta vital.

Entretanto, los allegados del hombre hicieron un llamado urgente a la Superintendencia de Salud y a los organismos competentes para que intervengan y se garantice el acceso inmediato a los procedimientos que, aseguran, podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente.