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Cae red de minería ilegal en Tolima con 32 detenidos y maquinaria incautada

Las autoridades reportaron incautaciones de retroexcavadoras, dragas y plantas eléctricas mientras el negocio ilegal movía hasta 3.000 millones de pesos al mes.
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Minería
10 Sep 2025 - 8:12 COT por Ecos del Combeima

En lo corrido de este año, la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y Cortolima, ha logrado 32 capturas por minería ilegal en el Tolima. Los operativos se desarrollaron en Ataco, Santa Isabel, Líbano, Saldaña, Suárez y San Luis, como parte del Plan Ayacucho Plus, que busca proteger a la población y mitigar el impacto de las economías ilícitas sobre el medio ambiente.

Municipios más afectados

El caso más significativo se dio en Ataco, donde fueron detenidas 16 personas que movían cerca de 3.000 millones de pesos mensuales en explotación ilegal de oro. Allí se incautó maquinaria valorada en 1.500 millones de pesos.

En Santa Isabel, cinco sujetos fueron sorprendidos explotando oro en la quebrada La Yuca; en Líbano, siete personas cayeron tras un mes de seguimiento, con incautaciones avaluadas en 58 millones de pesos.

En Saldaña, la intervención evitó el desvío del cauce del río con dos retroexcavadoras que costaban casi 960 millones de pesos. En Suárez y San Luis también hubo capturas y decomiso de maquinaria pesada, usada para extraer material de arrastre sin permisos legales.

El costo ambiental

Aunque las autoridades destacan los resultados, el problema va más allá de las capturas. La minería ilegal deja huellas profundas: ríos contaminados, suelos inservibles para la agricultura y ecosistemas que pueden tardar hasta 20 años en recuperarse.

Lo que preocupa

Estos golpes evidencian un esfuerzo constante de las fuerzas militares y de policía, pero también muestran que el fenómeno persiste. Para muchos ciudadanos queda la inquietud: ¿es suficiente con detener a quienes trabajan en las minas o se necesita atacar a quienes financian y comercializan el oro ilegal?

Un reto colectivo

La lucha contra la minería ilegal no solo compete al Ejército o la Policía. También exige controles más firmes en la cadena de comercialización, oportunidades económicas para las comunidades rurales y una ciudadanía que se mantenga vigilante frente al uso de los recursos naturales.