El aumento de habitantes en condición de calle en Ibagué volvió a encender el debate público, esta vez no solo por las cifras, sino por los cuestionamientos sobre la destinación de recursos y la efectividad de las políticas sociales, en medio de un reciente debate de control político en el Concejo.

De acuerdo con los datos conocidos, la ciudad pasó de 1.200 habitantes de calle en 2023 a 1.560 entre finales de 2025 e inicios de 2026, manteniendo una tendencia creciente. Aunque algunos reportes califican el comportamiento como “estable”, lo cierto es que el número sigue en aumento año tras año, sin que se evidencie una reducción sostenida.

Durante el debate, se puso sobre la mesa una comparación directa de la evolución del fenómeno en los últimos años: cerca de 1.200 habitantes de calle en 2023, alrededor de 1.400 en 2024, 1.520 en 2025 y 1.560 en lo corrido de 2026. Incluso, se recordó que hace una década la cifra rondaba apenas las 500 personas, lo que, según se advirtió, evidencia un crecimiento sostenido sin control.

En el análisis más reciente, el incremento más alto se dio entre 2023 y 2024 con 200 personas adicionales, seguido de aumentos progresivos en 2025 y lo corrido de 2026. Factores como el consumo de sustancias psicoactivas, dinámicas sociales y migración interna siguen siendo señalados como causas, pero desde el Concejo advierten que el problema va más allá de esas variables.

Durante la discusión también se cuestionó que, pese a que el presupuesto municipal para 2026 ya se acerca a los 2 billones de pesos tras varias adiciones, no se reflejan recursos suficientes para atender a poblaciones vulnerables como habitantes de calle, adultos mayores, niños y comunidades étnicas. 

Asimismo, se insistió en la falta de infraestructura propia, como hogares de paso, lo que limita la capacidad de respuesta institucional.

Otro de los puntos críticos fue la alta tasa de recaída en los procesos de atención, que, según lo expuesto, ronda el 70%, lo que evidencia fallas estructurales en las estrategias implementadas. A esto se suma la crítica sobre el uso de recursos en funcionamiento, como arriendos, en lugar de inversión social directa.

“Esto quiere decir que todas las estrategias para erradicar o disminuir los habitantes de calle en los últimos diez años han fallado”, se señaló durante el debate, donde también se advirtió que las estadísticas, aunque más organizadas, no reflejan mejoras reales en la problemática.

El panorama deja un interrogante abierto: mientras las cifras siguen creciendo y el presupuesto aumenta, la ciudad aún no logra traducir su capacidad financiera en soluciones estructurales que frenen un fenómeno cada vez más visible en las calles.