La Samaria se planta y advierte lío jurídico por proyecto de clínica de la Policía en el sector
La polémica por la posible construcción de una clínica de la Policía en La Samaria suma nuevos argumentos desde la comunidad, que insiste en que el proyecto no solo contradice la planeación del sector, sino que podría generar impactos negativos y un conflicto jurídico para el municipio.
Durante una entrevista con representantes del sector, Diana Soraya, directora administrativa de La Samaria ; Óscar Henao, abogado y asesor de la Fundación Ibartes; y Germán Mejía, asesor cultural del barrio La Samaria Bosque Urbano, coincidieron en que el lote en discusión hace parte de un plan parcial concebido con una destinación específica: el desarrollo de equipamientos colectivos para beneficio directo de la comunidad, principalmente con vocación cultural.
Diana Soraya explicó que el desarrollo de La Samaria está basado en un plan parcial que definió desde el inicio el uso de los lotes de equipamiento, los cuales, según dijo, fueron pensados para consolidar un distrito cultural y turístico para la ciudad.
En ese contexto, recordó que en reuniones con la administración municipal se plantearon proyectos como auditorios, museos y escuelas de artes y oficios, orientados a fortalecer el enfoque cultural del sector.
Este proyecto contempla infraestructura como auditorios, museos, bibliotecas y espacios de formación artística, pensados como un punto de encuentro ciudadano y motor de desarrollo local.
En esa misma línea, Óscar Henao precisó que actualmente existe un contrato de comodato firmado en 2024 entre el municipio y la Fundación Ibartes sobre estos predios, con una vigencia de cinco años, cuyo objeto es el desarrollo de infraestructuras culturales.
Sin embargo, advirtió que la administración estaría impulsando un proyecto de acuerdo para cambiar la destinación del lote y cederlo a la Policía Nacional.
“Se quiebra completamente la lógica de la cesión urbanística”, afirmó Henao, al señalar que estos terrenos fueron entregados como compensación al barrio y deben responder a necesidades colectivas, no a usos institucionales de carácter restringido.
Desde el componente jurídico, Henao también alertó que el predio tendría la naturaleza de bien de uso público, lo que impediría su cesión a un tercero sin cumplir estrictos requisitos legales.
Además, cuestionó que el Concejo avance en el trámite sin considerar la existencia del contrato de comodato vigente, lo que podría derivar en demandas contra el municipio y eventuales perjuicios económicos para la ciudad.
Por su parte, Germán Mejía enfocó sus preocupaciones en el impacto urbanístico del proyecto. Aunque dejó claro que no se oponen a la construcción de una clínica, señaló que el problema radica en la falta de planificación integral alrededor de este tipo de infraestructura.
“La pregunta no es si se necesita una clínica, sino dónde y cómo se va a desarrollar”, expresó Mejía, insistiendo en que el crecimiento desordenado podría replicar problemas de otras zonas de la ciudad.
Mejía advirtió que una clínica de gran escala requiere servicios complementarios como hotelería, comercio organizado y soluciones de movilidad que actualmente no están contempladas en el sector, lo que podría derivar en aumento del comercio informal, congestión vehicular y afectaciones en la seguridad.
En cuanto a la capacidad del sector, Diana Soraya indicó que las disponibilidades de servicios públicos, especialmente el agua, están diseñadas para uso residencial y comercial básico, pero no para soportar un hospital de alta complejidad, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad técnica del proyecto.
Además, Henao enfatizó que este tipo de clínicas están dirigidas principalmente a miembros de la Policía y sus familias, por lo que no garantizan atención general a la comunidad ni una mejora directa en la seguridad del sector.
“Estamos de acuerdo con la salud de los policías, pero no a costa de generar un problema jurídico y cultural para la ciudad”, sostuvo Henao.
Finalmente, los voceros coincidieron en que existen otras alternativas para ubicar este tipo de infraestructura en la ciudad, en predios que no estén comprometidos jurídicamente ni destinados a proyectos comunitarios.
Así, la discusión trasciende lo urbanístico y se convierte en un debate sobre el modelo de ciudad, el respeto a la planeación y el uso de los bienes públicos, mientras el proyecto continúa su trámite en el Concejo Municipal.
