La cadena de “irregularidades” que obligó a la Supersalud a intervenir la USI de Ibagué
La sorpresiva intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) tuvo un giro definitivo luego de conocerse, en exclusiva, la notificación personal del Grupo de Gestión de Notificaciones y Comunicaciones de la Dirección Administrativa.
Este documento revela, con detalle técnico, las actuaciones de inspección y vigilancia que la entidad nacional adelantó entre 2022 y 2025, periodo en el que se habían acumulado múltiples fallas en aspectos como la gestión financiera, administrativa y asistencial de la ESE.
La lupa de la SuperIntendencia de Salud sobre la USI
La primera auditoría, realizada en marzo de 2023, revisó la vigencia 2022 y evidenció un déficit presupuestal del 17.3%, inconsistencias en estados financieros, reportes incompletos al Sistema de Información Hospitalario (SIHO) además de fallas en la contabilidad y debilidades en la gestión administrativa.
A esto se sumaron incumplimientos normativos que tendrían un efecto negativo en la planeación institucional y la eficiencia en el uso de los recursos, según lo consignado en el informe oficial de agosto de ese año.
La segunda auditoría, desarrollada entre julio y agosto de 2024, profundizó las alertas. Allí la Supersalud encontró fallas persistentes en la planeación del talento humano, carencia de personal para los servicios habilitados, deficiencias en dotación, barreras de acceso para los usuarios, entre otros. Sumando más de 35 observaciones que no habrían sido corregidas.
La gota que derramó el vaso
La situación que habría obligado a la superintendencia a realizar la intervención, fue el seguimiento de campo realizado del 14 al 17 de octubre de 2025, donde habrían encontrado nuevamente riesgos asistenciales, falta de insumos y medicamentos, dificultades en infraestructura entre otros.
Explicando que de los hallazgos del plan de mejoramiento, el 31.8% seguían sin ser corregidos, lo que la entidad consideró un escenario crítico para los pacientes.
Como consecuencia, la Supersalud ordenó la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa por un año, designó como agente interventora a Edilma Isabel Hurtado Cardona y dispuso la separación inmediata de la gerente Jennifer Guzmán y de la Junta Directiva.
Durante este periodo, el ente nacional será responsable de administrar la USI y de ejecutar medidas para garantizar la seguridad y continuidad del servicio, entre ellas la presentación de un plan de trabajo en los próximos 30 días.
