La emergencia económica es una retaliación contra los gremios: Fenalco
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó su preocupación por el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.
El dirigente gremial advirtió que las razones presentadas por el Gobierno no cumplen con los requisitos que exige la Constitución para este tipo de declaratorias, como que los hechos sean imprevistos, graves e inminentes.
Según el gremio, los argumentos expuestos por el Ejecutivo no corresponden a situaciones nuevas ni excepcionales, sino a problemas conocidos desde hace tiempo o derivados de su propia gestión.
Temas como la financiación de la UPC en salud, los persistentes problemas de seguridad, la no aprobación de la ley de financiamiento, la atención de desastres naturales, las sentencias judiciales y los subsidios de energía y gas hacen parte de obligaciones previsibles del Estado que deben atenderse dentro de los canales institucionales ordinarios.
Fenalco también señaló que las restricciones para acceder a endeudamiento y el mayor costo del crédito no constituyen una calamidad pública, sino una consecuencia previsible del deterioro fiscal y de decisiones de política económica que han sido advertidas por las calificadoras de riesgo internacionales.
El presidente de Fenalco recalcó que los estados de excepción no pueden convertirse en un mecanismo para sustituir al Congreso ni para imponer reformas económicas o fiscales sin debate democrático. “No se puede gobernar por decreto para corregir deficiencias estructurales del Estado, ni desconocer el principio fundamental de que no hay impuestos sin representación”, afirmó Cabal Sanclemente.
Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado a la Corte Constitucional para que ejerza un control estricto y oportuno sobre esta declaratoria y al Congreso de la República para que defienda sus competencias y el equilibrio de poderes. “La Constitución no entra en vacaciones ni pierde vigencia por coyunturas fiscales o desacuerdos políticos del Gobierno”, concluyó.
