El Ministerio de Minas y Energía socializó el proyecto de resolución que fijará los lineamientos técnicos y regulatorios para que todas las estaciones de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del país sean interoperables, es decir, compatibles entre sí bajo estándares comunes y datos abiertos.

“Cada punto de carga interoperable es una oportunidad de desarrollo, innovación y equidad. Con esta resolución, Colombia consolida su liderazgo regional en electromovilidad y reafirma su compromiso con una transición energética justa y sostenible”, afirmó la viceministra de Energía, Karen Schutt.

Durante el taller de socialización, que reunió a más de 150 representantes del sector energético, la industria automotriz, la academia y los gremios, la viceministra destacó que el proyecto “marca un antes y un después en la política pública de energía y movilidad del país”, al garantizar transparencia, eficiencia y confianza tanto para los usuarios como para los inversionistas.

“Estamos construyendo un sistema que le da confianza al usuario, que fomenta la inversión privada y que democratiza el acceso a una movilidad más limpia”, subrayó Schutt.

Actualmente, Colombia cuenta con 229 estaciones de carga pública, 401 cargadores y 746 conectores, concentrados principalmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. El reto ahora es llevar esta infraestructura a las regiones intermedias y rurales, para que la transición energética también cierre brechas y genere oportunidades en todo el territorio nacional.

El proyecto establece la adopción de los conectores Tipo 2 (AC) y CCS2 (DC), los más usados en el mercado global, además del protocolo OCPI, que permitirá reportar en tiempo real la ubicación, disponibilidad y tarifas de cada punto de carga. Toda la información será administrada por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, y publicada en plataformas abiertas, en línea con la política de datos abiertos del Gobierno Nacional.

De acuerdo con las proyecciones, hacia 2030 el país necesitará 20 mil puntos de carga, lo que requerirá una inversión de entre 255 y 390 millones de dólares. “Esa expansión sólo será posible con reglas claras, interoperabilidad garantizada y un trabajo conjunto entre Estado, empresa privada y ciudadanía”, puntualizó la viceministra.

La interoperabilidad no es solo un avance tecnológico, concluyó, sino una herramienta de justicia energética, que permite que más colombianos accedan a soluciones limpias, modernas y seguras de transporte.