La movilidad en el sector de El Poblado, en Ibagué, volvió a poner sobre la mesa una discusión que no debería reducirse a la instalación o retiro de un reductor de velocidad. Ecos del Combeima estuvo en la zona junto a Rubén Darío Calderón, director de VeeMóvil, y encontró que detrás de las dificultades cotidianas existe un problema de infraestructura que exige decisiones de fondo.

El punto es especialmente sensible porque se trata de una vía concesionada, con conexión hacia una variante de carácter nacional y un flujo permanente de vehículos de carga, transporte público, particulares y motocicletas de diferentes cilindrajes. Por eso, cualquier intervención debe responder a las condiciones reales de la vía y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de quienes necesitan cruzarla.

El debate no puede quedarse en los reductores

Uno de los asuntos que más discusión ha generado es el cambio de la solución que existía en el sector. Durante cerca de dos años funcionó allí un resalto al que los conductores habituales terminaron adaptándose. Muchos ya reducían la velocidad y hacían el alto ante el paso peatonal, lo que permitía cierta dinámica entre quienes transitaban por la vía y quienes necesitaban cruzarla.

La posterior instalación de bandas reductoras plantea otro interrogante: no basta con que una medida tenga como propósito proteger al peatón; también debe ser compatible con las características y la jerarquía de la vía donde se instala. En una carretera con este nivel de tránsito, la discusión debe considerar tanto la seguridad peatonal como la funcionalidad del tráfico.

El peatón tiene derechos y debe contar con condiciones seguras para movilizarse, pero precisamente por el volumen y el tipo de vehículos que circulan por el sector, la solución no puede depender únicamente de que los conductores reduzcan la velocidad ante un paso a nivel.

¿Puente, paso soterrado o una solución integral?

El problema tiene varias aristas. La necesidad de pasos peatonales seguros en puntos como Mirolindo y Pedro Tafur ya ha sido contemplada por la Administración municipal, pero hasta ahora no se conocen soluciones concretas respaldadas por estudios previos que permitan definir cuál alternativa resulta técnica y funcionalmente más conveniente.

La discusión pasa entonces por determinar si se requiere infraestructura elevada o un paso soterrado, quién debe asumir su construcción y bajo qué esquema podría ejecutarse, ya sea mediante participación privada, concesión o intervención directa de la Administración municipal.

A esto se suma otro asunto que no puede ignorarse: las redes de energía existentes en la zona. Una obra de infraestructura de esta magnitud tendría que establecer si dichas redes deben elevarse o si, por el contrario, resulta necesario avanzar hacia su soterramiento.

Una solución definitiva para una vía que no admite improvisaciones

Lo que está ocurriendo en El Poblado muestra que el problema no se resuelve simplemente cambiando un resalto por bandas reductoras. Se necesita una intervención que permita que peatones y conductores convivan en condiciones de mayor seguridad, sin convertir una vía de alto flujo en un punto permanente de congestión.

La solución debe ser radical en el sentido de resolver el problema de fondo: un paso que garantice seguridad al peatón y funcionalidad al tráfico. Para ello se requieren estudios, definición de responsabilidades y una decisión que tenga en cuenta la condición concesionada de la vía, su conexión con infraestructura nacional y el crecimiento de la movilidad en este sector de Ibagué.

Más que otro parche, El Poblado necesita una solución de infraestructura que responda al presente y se anticipe al futuro. Mientras esa decisión no llegue, cada nuevo reductor, resalto o modificación seguirá siendo apenas una respuesta parcial frente a un problema que ya exige una mirada integral.