La ejecución del Lote 2 de la pavimentación de la vía al Salado, entre la calle 126 y la salida hacia el corregimiento de San Bernardo, vuelve a quedar bajo la lupa. La veeduría Véemovil cuestionó el ritmo de los trabajos y aseguró que, durante una reciente visita de campo, encontró una capacidad operativa que, a su juicio, no corresponde con la magnitud del tramo intervenido.

Rubén Darío Calderón, representante legal de la veeduría, aseguró que han realizado recorridos para verificar directamente el desarrollo de la obra y señaló que el principal problema estaría en la cantidad de trabajadores y maquinaria disponibles. “En todo un recorrido de obra solamente habían 12 obreros operativos, dos máquinas y dos operarios de máquina.”

Según Calderón, esta situación estaría provocando que los trabajos se encuentren dispersos a lo largo del corredor y que el rendimiento no sea el esperado. La veeduría sostiene que esta observación ya ha sido planteada en reuniones con la comunidad y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, quienes, de acuerdo con su relato, anunciaron que pedirían al contratista reforzar las cuadrillas y aumentar tanto el personal como los equipos.

Sin informes publicados en SECOP

Uno de los cuestionamientos que plantea la veeduría va más allá del ritmo de los trabajos. Calderón aseguró que actualmente no es posible establecer con precisión el porcentaje de ejecución de la obra debido a que no encontrarían publicados en SECOP los informes correspondientes. “En este momento no hay reportes en el SECOP de los informes ni del contratista ni del interventor, por tanto, es muy difícil poder determinar un porcentaje.”

La situación abre un interrogante sobre el seguimiento público al contrato, especialmente porque la falta de estos documentos dificulta que la ciudadanía pueda contrastar el avance físico de la obra con lo programado y verificar si se están cumpliendo las obligaciones contractuales.

La veeduría también cuestionó el papel de quienes tienen a cargo la supervisión e interventoría del proyecto. Calderón considera que, si durante varios meses se han advertido problemas en la ejecución, deberían existir acciones concretas para exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones.

El señalamiento pone nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de la Administración Municipal no solo frente a la ejecución de la obra, sino también frente al seguimiento contractual y la información que debe estar disponible para el control ciudadano.

El otro pendiente: puente peatonal en Mirolindo

Durante la entrevista, Calderón también se refirió a la situación de movilidad en la calle 97 con Mirolindo, frente a Mercacentro de El Poblado, donde permanece la discusión sobre la construcción de un puente peatonal.

La veeduría recordó que la Administración Municipal había anunciado años atrás estudios y diseños para una infraestructura de este tipo. Sin embargo, según Calderón, recientemente recibió como explicación que las redes de energía ubicadas en el separador impedirían la construcción del puente.

El representante cuestionó que un anuncio realizado hace aproximadamente dos años todavía no tenga una solución definida y pidió que la Alcaldía articule una salida con la empresa de energía, el concesionario de la vía y los privados involucrados.

El debate se suma a los problemas de movilidad que se presentan en este corredor, donde también han sido instaladas medidas para reducir la velocidad de los vehículos. Para la veeduría, antes de tomar decisiones sobre estos elementos debería existir un soporte técnico que determine cuál es realmente la solución más adecuada para garantizar la seguridad de los peatones sin agravar la congestión.

En ambos casos, el reclamo de Véemovil apunta a la misma dirección: más seguimiento, información pública y respuestas concretas sobre obras que llevan tiempo en el radar de los ibaguereños. La ejecución del Lote 2 y la solución peatonal en Mirolindo quedan ahora a la espera de explicaciones oficiales que permitan establecer el estado real de estos proyectos.